La Penitenciaría del Litoral, el mayor centro carcelario de Ecuador ubicado en Guayaquil, vivió otra jornada de violencia. Según información extraoficial al menos un reo habría fallecido y habría otros siete heridos. El 4 de diciembre de 2024, un día después de que se reportaran explosiones de granadas en esa cárcel, las ambulancias ingresaron nuevamente al complejo penitenciario en medio de reportes de nuevas detonaciones y tensiones internas.
Según informó la periodista especializada en seguridad, Karol Noroña en X, personal de Medicina Legal accedió al recinto pasadas las 19:00 para realizar inspecciones tras los disturbios registrados el pasado miércoles. Hasta las 10:00 del 6 de diciembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) continuaba sin emitir declaraciones oficiales ni brindar información sobre el balance de víctimas o heridos, pese a la insistencia de los periodistas.
A pesar de los operativos de seguridad y la militarización del sistema penitenciario, un nuevo ciclo de violencia se ha registrado dentro de la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más peligrosas del país. Noroña describió en su reporte que las detonaciones del 4 de diciembre ocurrieron en un ambiente de “treguas frágiles” que parecen haber colapsado, evidenciando que la situación no está bajo control.
Las detonaciones del día siguieron a las explosiones de granadas del 3 de diciembre, pero no se conoce si guardan relación directa.
La ausencia de información oficial por parte del SNAI alimenta la incertidumbre tanto entre los familiares de los internos como en la opinión pública. No es la primera vez que esta institución ha sido señalada por su falta de transparencia en el manejo de las crisis carcelarias.
Periodistas y defensores de derechos humanos han señalado que la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades es un síntoma de la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano. Además, refuerzan que la militarización de las cárceles no ha solucionado los problemas estructurales, como la corrupción, el hacinamiento y la ausencia de programas de rehabilitación efectivos.
En septiembre de este año, un funcionario del SNAI que pidió la reserva de fuente para preservar su empleo dijo a Infobae que la entidad no puede responder a los periodistas porque todos los contenidos que producen deben recibir la aprobación de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SEGCOM) y muchas veces no se les permite publicar.
La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en el centro de los conflictos que reflejan la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano. Desde 2021, las masacres en las cárceles han dejado más de 500 muertos, convirtiendo a Ecuador en un país con uno de los sistemas penitenciarios más violentos del mundo. Pese a la militarización de los centros de reclusión, las redes de corrupción y el control que ejercen las organizaciones criminales dentro de los recintos siguen intactos.
Noroña, al comentar sobre los hechos del 4 de diciembre, resumió la situación con una visión crítica: “El negocio continúa, la violencia se dinamiza, las redes de corrupción permanecen —se potencian— y, en medio, el hambre, la precarización de la vida”.
La repetición de episodios violentos, como los registrados el 3 y el 4 de diciembre, pone en evidencia la incapacidad del Estado para manejar una crisis que se ha vuelto crónica. En marzo de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lineamientos a Ecuador para que supere la crisis en el sistema carcelario. De acuerdo con la CIDH, el Estado debe recuperar el control de las cárceles y desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas cuya sanción es la cárcel.
El Comité contra la Tortura de la ONU, tras su periodo de sesiones de 2024, manifestó su preocupación por los informes que revelan deficiencias en el sistema penitenciario ecuatoriano, incluyendo problemas de alimentación, agua y atención médica, condiciones inadecuadas de higiene, falta de seguridad para reclusos vulnerables como mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades, discriminación y abuso sexual, además de carencias en programas de rehabilitación y reinserción.
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