
Los trabajadores del predio Santa Rita retomaron sus labores agrícolas bajo custodia policial y en medio de un clima de tensión por las amenazas de avasallamientos. La estancia de más de 4 mil hectáreas, ubicada en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, había sido tomada por grupos irregulares durante el fin de semana y luego recuperada en un operativo policial.
El viernes, la Policía informó que logró retirar a un grupo de unas 200 personas que habían ingresado de manera violenta al predio donde se cultiva sorgo y soya. Sin embargo, al día siguiente, estas personas intentaron volver a tomar el campo. Cuando llegó un nuevo contingente policial, los agentes fueron atacados con palos, machetes y piedras, una ofensiva que provocó 14 policías heridos que tuvieron que ser evacuados a un hospital de Santa Cruz, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
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Pese a las agresiones, Aguilera confirmó que se logró ejecutar el desalojo el sábado por la tarde e informó que un grupo policial sentó una base de operaciones en la localidad para evitar que se registren asentamientos ilegales. Sin embargo, pese a la toma ilegal y las agresiones a las fuerzas policiales, no se detuvo a nadie en el operativo.

Este lunes, las labores agrícolas fueron restablecidas en el predio. “Estamos retomando lo que se paralizó, pero solo podemos hacerlo bajo custodia. Las amenazas son constantes, y el tiempo apremia, ya que las lluvias podrían impedir el trabajo (agrícola)”, relató un trabajador citado por el periódico cruceño El Día.
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El viceministro Aguilera señaló que en la zona operan organizaciones criminales con el objetivo de apropiarse ilegalmente de tierras. Aseguró que se tiene identificados a los cabecillas y que serán procesados por la justicia.
Avasallamiento en otro predio
Este lunes se denunció que el predio San Fernando, ubicado a 10 kilómetros de Santa Rita, fue invadido por grupos irregulares que ingresaron armados y se presume que son los mismos que fueron desalojados por la Policía el fin de semana. Según reportes de prensa, estas personas expulsaron violentamente a las familias que custodiaban el campo.
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Los representantes de la Empresa Jihussa Agropecuaria, que trabaja el predio, se movilizaron para rescatar a las personas que fueron retiradas del campamento y sentaron una denuncia ante la Fiscalía.
Los avasallamientos de tierras privadas, fiscales y áreas protegidas son frecuentes en Bolivia y están vinculadas al tráfico de tierras, en una acción que busca “legalizar” la propiedad de los campos a partir de la toma ilegal de éstos a través de la construcción de viviendas precarias, de madera o calamina y sin acceso a ningún tipo de servicio básico, que luego se niegan a abandonar. Muchas veces a estos asentamientos le sigue el ingreso de maquinaria pesada que deforesta los campos para convertirlos en tierras productivas, que pueden operar directamente, alquilar o vender.
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Los reportes de prensa dan cuenta que los grupos irregulares que toman las tierras son cada vez más violentos y están armados, lo que desafía el control de la propiedad en estos predios. Según el INRA, la entidad pública que regula el acceso a la tierra, en 2022 registraron 237 tomas ilegales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
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