En una votación que no incluyó el apoyo de la bancada afín al ex presidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 79 votos una resolución que exhorta al presidente, Daniel Noboa, a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de órdenes de detención contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Ecuador, miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma desde 1998, ratificó dicho tratado en 2002, lo que establece su compromiso con la CPI para juzgar delitos como crímenes de guerra, genocidio, y crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Nacional recordó en su resolución que diversos informes internacionales, entre ellos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Panel de Expertos Independientes, han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Maduro, según se indica en los considerandos de la resolución.
Entre las violaciones mencionadas en los informes se incluyen asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, persecuciones políticas y desapariciones forzadas, todos ellos clasificados como crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Desde 2017, parlamentarios y gobiernos de varios países han solicitado que la CPI investigue la situación en Venezuela. En septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la situación a la Fiscal de la CPI para iniciar una investigación formal. La Asamblea ecuatoriana reiteró su apoyo a estos esfuerzos internacionales.
La resolución aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional insta al presidente Noboa a que, en representación de Ecuador, solicite formalmente a la CPI la emisión de órdenes de detención contra Nicolás Maduro, con el objetivo de evitar que continúen los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y de garantizar la eficacia de las investigaciones en curso. Adicionalmente, la resolución exhorta a que se solicite la incautación y decomiso de los bienes y activos de Maduro y de terceros vinculados, en beneficio de las víctimas de estos crímenes. La Asamblea también solicitó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador colabore activamente con la CPI en la promoción de la justicia internacional.
La resolución de la Asamblea Nacional también hizo eco del llamado internacional para que se tomen medidas más contundentes contra Maduro. En su texto, se mencionan los apoyos de líderes internacionales, incluidos expresidentes de América Latina y Europa, quienes han respaldado los informes que denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional de Ecuador no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga al presidente Noboa ni al gobierno ecuatoriano a tomar las acciones que sugiere. Sin embargo, representa una postura oficial del órgano legislativo frente a la situación en Venezuela.
Ecuador ha sido uno de los países que se ha pronunciado en contra del fraude de la dictadura de Maduro, perpetrado en las elecciones del 28 de julio. La postura de Noboa y su administración ha sido el rechazo a la crisis venezolana. Además, el pasado 4 de septiembre, el gobierno de Ecuador anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la situación de Venezuela en su próxima sesión, “ante el incremento de las tensiones, que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”.
El congreso ecuatoriano adoptó esta postura un día después de que se conociera que la dictadura de Maduro emitió una orden de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.
Infobae reportó que el anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
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