Se cayó el pedido de juicio político contra la fiscal general de Ecuador Diana Salazar

En una tensa y agitada sesión, caracterizada por enfrentamientos y gritos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. La iniciativa, promovida por legisladores afines al expresidente Rafael Correa, no alcanzó los votos necesarios en la comisión. El siguiente paso será que el pleno de la Asamblea determine el archivo definitivo del proceso, el cual, hasta entonces, permanece insubsistente.

El correísmo buscaba enjuiciar políticamente a Salazar acusándola de incumplimiento de funciones. Los argumentos de la bancada de la Revolución Ciudadana indican que la fiscal general ha cometido retrasos en procesar casos como León de Troya, Encuentro (que involucran al círculo cercano de Guillermo Lasso), INA Papers (donde se investiga al ex presidente Lenín Moreno). También la acusan de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas contra el coronavirus. El incumplimiento de funciones, aseguran los legisladores correístas, se extiende a la falta de prevención de asesinatos a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público.

La fiscal general pidió que su juicio político se reactive luego de que se suspendiera para preservar la salud de Salazar, que actualmente está embarazada. El Consejo de Administración Legislativa aceptó la solicitud de Salazar la semana pasada y el proceso continuó.

La noche del 9 de septiembre, con cinco votos de los comisionados del oficialismo (incluyendo a uno del correísmo que de inmediato fue separado de la bancada) no calificaron el juicio contra Salazar. Pero el proceso no se detiene ahí. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los artículos 81 y 82, se explica que: “La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará” y luego agrega que la Comisión “deberá remitir, en el plazo de cinco días, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político”. Dicho informe deberá conocerse por el pleno para que ratifique su archivo.

Pese a la intención del correísmo, las bancadas oficialista ADN (con 24 congresistas), del Partido Social Cristiano (con 15) y Construye (con 17) han sido enfáticas en que los votos de sus legisladores rechazarán el intento del correísmo de destituir a Salazar. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, para destituir a la Fiscal se necesitan 91 votos.

Diana Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país. Ella reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la Fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.

En este contexto, el respaldo de las bancadas a Salazar no resulta sorprendente. La fiscal se ha consolidado en el imaginario colectivo como una funcionaria firme en su lucha contra las mafias enquistadas en las instituciones del Estado. A medida que se acercan los comicios generales de 2025, cuya campaña comienza en enero, votar en contra o favor de Salazar podría percibirse como un acto con motivaciones electorales.