El número de delitos de secuestros y extorsiones ha aumentado en Ecuador, pese a que desde el pasado 8 de enero se encuentra en vigor un estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la ola de violencia criminal que se desató en el país a comienzos de año.
Entre enero y el viernes pasado, la cifra de casos de extorsiones y secuestros ha llegado a 1.543, y en el caso de la ciudad portuaria de Guayaquil, una de las más castigadas por la espiral de violencia, se ha quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado, según informó este domingo el canal de televisión Ecuavisa.
Las estadísticas oficiales precisan que en Guayaquil entre enero y el 8 de marzo del año pasado la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120, pero en el mismo periodo de este año ese volumen trepó a 618.
La provincia de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil, es la más castigada por este segmento de delitos con 650 casos reportados, seguida de la costera de Esmeraldas (noroeste) con 189, y la andina de Pichincha (centro-norte y cuya capital es Quito) con 166 denuncias.
Según las autoridades, los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre 2.000 y 200.000 dólares por cada víctima, apuntó la fuente.
El jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, aseguró que muchos de los detenidos por este tipo de delitos son reincidentes y se lamentó de que varios de ellos hayan abandonado pronto las prisiones y vuelvan a integrar las bandas criminales.
El pasado viernes, la Policía había mostrado a la prensa a 13 personas sospechosas detenidas en operaciones contra secuestros y extorsiones, pero dijo que varios de ellos tenían antecedentes por los mismos delitos.
Además, mencionó sobre la crueldad de los secuestradores, pues puso como ejemplo que a una víctima los delincuentes le cercenaron dedos como pruebas de vida y para amedrentar a los familiares con el cumplimiento de los pagos exigidos.
El pasado 8 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días ante la situación de conmoción y conflicto armado interno por una serie de atentados y acciones violentas de las bandas criminales a escala nacional.
El jueves pasado, Noboa prorrogó el estado de excepción por 30 días más con el objetivo de “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”.
Con las medidas excepcionales, el Gobierno de Noboa abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control de la seguridad interna del país, tanto en las cárceles como en las calles.
Y es que grupos de delincuentes organizados al interior de las cárceles habían protagonizado una serie de motines en disputa del control de las prisiones, lo que había generado una serie de masacres desde el año 2020, con un saldo de más de 450 presos asesinados.
Esa violencia carcelaria también saltó a las calles a tal punto que Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
El estado de excepción, con el que el Gobierno pasó a considerar a las bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, especialmente en la militarización de las cárceles, dominadas muchas de ellas por las bandas criminales, y que fueron declaradas como “zonas de seguridad”.
También implica la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de libertad de reunión, así como la libertad de tránsito durante las noches mediante un toque de queda y la inviolabilidad de la correspondencia en el caso de los presos. También declara a las cárceles como “zonas de seguridad”.
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