EEUU restringió los visados a más de 100 funcionarios nicaragüenses por sus ataques a los DDHH

El Departamento de Estado aseguró que, en su intento de “promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua”, sigue trabajando con la comunidad internacional con el objetivo de “apoyar al pueblo”

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Daniel Ortega y Rosario Murillo
Daniel Ortega y Rosario Murillo

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este viernes que introducirá nuevas medidas contra funcionarios del régimen del nicaragüense Daniel Ortega a fin de hacerlos rendir cuentas por sus actuaciones contrarias a los derechos y libertades el pueblo de Nicaragua, entre las que destacan las restricciones de entrada a más de 100 personas.

“El Departamento de Estado ha tomado hoy (viernes) medidas adicionales para promover la rendición de cuentas de aquellos involucrados en los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a los Derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, ha explicado el portavoz de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.

En esta línea, ha señalado Miller, se están tomando “medidas para imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el régimen Ortega-Murillo, que continúa involucrado en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales”.

Asimismo, desde el Departamento de Estado han asegurado que, en su intento de “promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua”, siguen trabajando con la comunidad internacional con el objetivo de “apoyar al pueblo nicaraguënse y garantizar que sus Derechos Humanos estén protegidos”.

“Esta acción se ha tomado de conformidad con la Proclamación Presidencial 10309, que suspende la entrada a Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes de personas responsables de políticas o acciones que amenacen la democracia en Nicaragua”, sentencia la nota firmada por Miller.

El portavoz de Estado de
El portavoz de Estado de EEUU, Matthew Miller

La semana pasada, Estados Unidos manifestó una vez más su oposición al accionar del régimen de Nicaragua, en esta oportunidad tras dos episodios de gran relevancia.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se pronunció al cumplirse un año de la expulsión masiva de 222 presos políticos y lamentó que, en todo este tiempo, el binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo sólo ha intensificado sus esfuerzos por “silenciar las voces del pueblo nicaragüense”.

El matrimonio dictador “sigue deteniendo injustamente o forzando al exilio a aquellos que quieren ejercer sus Derechos Humanos y libertades fundamentales en Nicaragua”, sostuvo Miller y reiteró su pedido por el respeto de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.

Sus palabras se sumaron, a su vez, a las múltiples sanciones que en el último tiempo Washington impuso sobre funcionarios de Managua, muchos de ellos estrechamente vinculados a la expulsión de los opositores el pasado 9 de febrero o a la persecución al interior del país de las voces disidentes.

Por otro lado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Brian Nichols, se refirió a la reciente decisión de Ortega de brindar asilo político al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que -apuntó- vulnera el Estado de Derecho y priva a la Justicia de un correcto accionar.

“Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas. La concesión de asilo por parte de Ortega-Murillo al ex Presidente panameño en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la Justicia”, denunció.

Este miércoles, el mandatario durante el período 2009-2014 y aspirante a la reelección en Panamá solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en el país tras ser condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.

Según sostuvo Martinelli, la solicitud se realizó “por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad” mientras una fuente cercana a él sumó que en el país no hay “garantías constitucionales” ni “hay ley”. Asimismo, el ex mandatario había dicho previamente que las “fuerzas del mal” buscan inhabilitarlo par los comicios generales del próximo 5 de mayo, en las que aspiraba a un nuevo mandato al frente del país.

(Con información de Europa Press)

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