El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) ha lanzado un informe crítico que arroja luz sobre la quiebra de la seguridad pública en Cuba. El análisis, basado en los datos del primer semestre de este año, revela una alarmante tendencia de inseguridad y crímenes violentos en el país, desencadenando una urgente llamada a la acción.
El OCAC resalta que la seguridad pública es solo una parte del complejo panorama de seguridad ciudadana, que abarca indicadores tan cruciales como la seguridad alimentaria, sanitaria y energética, pero se centra en el aspecto de la inseguridad pública, el cual ha experimentado un crecimiento preocupante.
El informe señala un incremento significativo de crímenes y delitos durante el primer semestre del año. En el primer trimestre, se identificaron 98 reportes comprobados, distribuidos en 16 en enero, 48 en febrero y 34 en marzo. Estos crímenes abarcan 42 robos, 33 asesinatos, 17 asaltos y 6 delitos diversos.
La tendencia alarmante continuó durante el segundo trimestre, registrándose 189 reportes de crímenes, afectando principalmente a provincias como La Habana, Villa Clara y Guantánamo.
Un análisis comparativo entre los trimestres pone de manifiesto un crecimiento vertiginoso de los delitos, con un aumento del 92%, elevando los reportes de 98 a 189. Los robos aumentaron un 83% (77 comparados con 42) y los asesinatos un 43% (49 frente a 33). El dato más inquietante se encuentra en el mes de junio, presagiando una posible escalada en los próximos meses.
Aunque las cifras podrían parecer modestas en comparación con otros países, resultan impactantes en un entorno totalitario. Hasta hace poco, Cuba había logrado mantener una fachada de “orden público” mediante políticas sociales, cuerpos represivos y fuerzas especializadas. Sin embargo, esta imagen se desdibuja. El informe destaca cómo gritar en contra del gobierno desencadena una respuesta policial rápida, mientras que pedir auxilio cae en oídos sordos.
“Si se tiene en consideración la falta de transparencia del gobierno en el manejo de estadísticas, la reciente intensificación de la propaganda exaltando la supuesta eficiencia del trabajo policial, así como la investigación realizada por CubaData donde se afirma que el 61% de los cubanos encuestados dijeron haber sido víctima de violencia o actos de delincuencia –pero que solo el 14,6% de ellos lo denunció a la Policía–, se puede afirmar sin temor a duda que las cifras que ofrece el informe pueden, en realidad, ser mucho mayores”, destacá el OCAC.
Además, la normalización de la violencia física en los delitos y la participación de menores como víctimas y perpetradores exponen las profundas fisuras sociales.
La inseguridad pública en Cuba trasciende la superficie para reflejar problemas estructurales y sistémicos. La falta de inversión en servicios esenciales, junto con la violencia cultural y estructural, son combustibles para la escalada. El OCAC enfatiza que la solución no puede basarse únicamente en medidas punitivas, sino en abordar las causas fundamentales, incluida la inversión en servicios básicos y recursos para la policía criminalística.
La oligarquía cubana prioriza la Seguridad del Estado en detrimento de la Seguridad Ciudadana y pública, erosionando la base de una sociedad segura. El llamado del OCAC para mejorar la calidad de vida y redirigir recursos de entidades como GAESA resuena como una necesidad apremiante.
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