La Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) pidió este lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar el en asalto a las sedes de los tres poderes de la nación, en el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.
En un documento remitido a la Corte Suprema, que deberá juzgar esos actos, la Procuraduría dice que, en el caso de esos primeros 40 acusados, ha comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos cinco delitos.
Se trata de “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”, que, según el Código Penal, en conjunto “llegan a 30 años de reclusión”, que es la pena máxima contemplada por las leyes del país, dice el documento.
La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, que en su mayoría participaron directamente en los violentos sucesos del 8 de enero, cuando miles de activistas de la ultraderecha asaltaron simultáneamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio tribunal.
Según la investigación, ese violento ataque contra la democracia pretendía incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista que había asumido el poder ocho días antes.
La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con el ex mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, derrotado por Lula en las elecciones de octubre del año pasado y cuyo resultado se negó a reconocer.
Según la Procuraduría, “la pena a aplicarse a los acusados debe ser ejemplar, por tratarse de crímenes graves, practicados en un contexto multitudinario” y que tenían como objetivo “implantar un régimen autoritario en lugar de un Gobierno elegido legítimamente”.
La Corte Suprema aún continua con las averiguaciones sobre esos sucesos, y tiene entre los investigados al propio ex presidente Bolsonaro, sospechoso de haber alentado la asonada al desconocer la victoria de Lula y sembrar dudas acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral del año pasado.
Bolsonaro negó haber participado en un supuesto plan para impedir la asunción de Lula da Silva, en declaraciones ante la Policía Federal en Brasilia.
“No había ningún plan”, dijo el ex mandatario a periodistas a su salida.
El senador Marcos do Val, quien era aliado de Bolsonaro, manifestó el pasado mes de febrero a los medios haber participado en diciembre de una supuesta reunión con el entonces presidente, y un ex diputado, en la que se tramaba un plan para impedir la asunción de Lula.
(Con información de EFE)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
El Gobierno de Guatemala incorpora vehículos y tecnología para reforzar el combate al narcotráfico
Los recursos, financiados por Canadá y asistidos técnicamente por la UNODC, fueron entregados en los comandos Boinas Negras para ampliar la cobertura territorial de la Subdirección Antinarcótica en operaciones contra delitos de drogas
Gobierno dominicano subsidiará casi la mitad del costo de la semilla de frijol en San Juan
El acuerdo con el Banco Agrícola y la asociación local beneficiará a más de 1.500 agricultores, con una meta de siembra superior a 120.000 tareas y la liberación de 10.000 quintales pignorados
Estados Unidos envió más de 700 paquetes de ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento familias vulnerables de Cuba
El cargamento aterrizó en Santa Clara y comenzó a distribuirse en la Parroquia de La Santa Cruz. Las familias seleccionadas enfrentan inseguridad alimentaria, falta de agua potable y otros obstáculos para cubrir sus necesidades básicas.
Nicaragua profundizó en 2026 la concentración estatal de poder y el deterioro democrático
La Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano señaló restricciones persistentes a las libertades civiles y políticas, menor participación ciudadana y pérdida de autonomía institucional bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
Brasil mantiene sin cambios la tasa de interés clave tras la victoria electoral de Lula
La decisión unánime del miércoles, dirigida por Gabriel Galípolo, respondió al aumento de la incertidumbre, las expectativas de precios y la desaceleración económica, según el comunicado de la autoridad monetaria
