La reforma jubilatoria que Luis Lacalle Pou impulsó como una meta insignia para su mandato comenzó a regir en Uruguay, donde, entre otros cambios, la edad de retiro escala de los 60 a los 65 años y todos los jubilados podrían optar por mantener una actividad laboral.
Aprobada el pasado 27 de abril en el Parlamento con los votos de los cinco socios de la coalición formada para el Gobierno de Lacalle Pou, la bautizada como “reforma de la seguridad social” estaba entre sus promesas a cumplir, plasmadas poco antes del balotaje de 2019 en el documento “Compromiso por el país”.
Reforma a la uruguaya
Planteada allí como un avance hacia “un sistema previsional moderno, financieramente sostenible (...) que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”, la reforma comenzó a regir este agosto como el resultado de un proceso “virtuoso”.
Así, al menos, lo expresa en diálogo con la agencia de noticias EFE el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, quien destaca que la reforma delineada en la ley 20.130 es “una reforma bien a la uruguaya”.
“La hemos definido así porque parte de una gran discusión previa que tuvo un proceso de discusión primero a nivel de expertos, después a nivel del Poder Ejecutivo; se presentó a la oposición, tuvo un gran debate anterior a tener estado parlamentario y después tuvo (en el Parlamento) una discusión muy amplia hasta resultar su aprobación”, explica.
Según el ex diputado por el oficialista Partido Nacional que desde 2021 preside el ente autónomo coordinador de los servicios estatales de previsión social, tanto esta antesala de debate como el “largo período de transición” previsto para su completa implementación, que será gradual, se condicen con la tradición de un Uruguay cuyo sistema de pensiones es amplio.
“Uruguay es un país con una larga tradición en seguridad social y un sistema muy maduro con una cobertura muy amplia. Entre el BPS y los restantes subsistemas la cobertura para mayores de 65 años se aproxima al 95 %, es muy alta y además es un país con una tasa de informalidad de 20 %, muy baja para América Latina”, explica.
Si bien puntualiza que “no fue votada por todo el sistema político”, pues fue rechazada por la opositora coalición de izquierdas Frente Amplio, para Cabrera la reforma tuvo un proceso “virtuoso” en el que “el Gobierno se propuso un objetivo y fue cumpliendo los pasos hasta obtenerlo”.
Correcciones de un nuevo sistema
En una rueda de prensa, el ministro uruguayo de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, subrayó la importancia de que en agosto entraran en vigencia numerosos cambios previstos en la reforma.
Uno de los aspectos clave que tanto Cabrera como Mieres destacaron es el de la denominada “compatibilidad entre trabajo y jubilación”, pues si bien quienes se retiraban de la caja civil -por ejemplo funcionarios públicos- podían volver a trabajar en industria y comercio, los jubilados de esta última categoría -la mayoritaria del país- no podían hacerlo.
“Era una situación de inequidad que debíamos corregir. (Esto) significa la adquisición de nuevos derechos para un número muy elevado de personas que ya están jubiladas y de trabajadores que en la medida que se jubilen podrán acceder a este derecho”, enfatizó Mieres.
Según detalla Cabrera, ahora rige para los trabajadores dependientes la “jubilación parcial flexible”, que -con los requisitos de 65 años y al menos 30 de trabajo- permite acceder a una jubilación y seguir trabajando con jornada reducida, y para los no dependientes la opción de seguir su actividad sin aportar o de jubilarse y trabajar si ocupan personal.
El abogado dice que esto puede ser beneficioso para el sistema porque los jubilados que ya trabajan “de manera informal” y podrán hacerlo formalmente.
La contracara sindical
Además de contar con el rechazo del FA, la reforma de Lacalle Pou provocó numerosas protestas de la central sindical del país, el PIT-CNT, que evalúa la viabilidad de un plebiscito para dejarla sin efecto.
Consultada por EFE, la presidenta de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), Estela Ovelar, opina que la posibilidad de jubilarse y trabajar no está mal si es “por decisión de la persona y no por necesidad (económica)”.
“Si la miramos en todo su conjunto, lo poco bueno que tiene es opacado por lo no tan bueno. Nos parece insuficiente una reforma solamente que aumenta la edad de trabajo y en algunos casos bajaría la tasa de reemplazo, lo que va a ganar la persona”, redondea.
(Con información de EFE)
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