Preocupados por el quiebre democrático que enfrenta Nicaragua, donde su régimen sigue atentando contra la libertad personal, de expresión, religión y prensa de sus ciudadanos, el grupo Libertad y Democracia, compuesto por presidentes y ex mandatarios de Iberoamérica lanzó un comunicado que denuncia las torturas y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicaragua e insta a una acción internacional para que la dictadura sandinista responda por sus actos.
“En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega ha desterrado a más de 200 presos políticos, retirándoles su nacionalidad”, comienza la misiva.
“Varios Estados de la región han denunciado, individualmente y ante la OEA, las ofensas de Nicaragua contra la democracia y el Estado de derecho, incluidas las detenciones arbitrarias y el trato inhumano a los presos políticos”, describen los ex mandatarios, que dicen estar convencidos de que “las acciones tomadas por la comunidad internacional, incluyendo duras sanciones por algunos Estados, no han sido suficientes para que el gobierno de Daniel Ortega cambie sus prácticas abusivas”.
Buscan, de esta manera, proponer a los Gobiernos de la región nuevos mecanismos, dentro del marco del derecho internacional, para responsabilizar a Nicaragua por las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y tortura de sus presos políticos. En particular, de aquellos detenidos en el período previo a las elecciones ilegítimas de noviembre de 2021.
“Los presos políticos encarcelados en Nicaragua han sido maltratados física y mentalmente, sometidos a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una práctica que continúa hasta el día de hoy”, declaran. “Nicaragua, bajo el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega, ha torturado cruelmente a opositores políticos y otras personas detenidas (...) Las pruebas más contundentes e irrefutables proceden de las propias víctimas. En febrero pasado se expulsó a 222 personas presas políticas que fueron enviadas como expatriados a los EEUU. Se les arrebató su ciudadanía, violando los más fundamentales principios del derecho internacional”.
También denuncian que “otras 94 personas lograron huir del país, sin embargo les quitaron sus propiedades y fueron declaradas traidores a la patria. Adicionalmente, el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, negándose a ser desterrado del país, fue condenado a 26 años por traición”.
Po eso, alegan que la situación actual requiere en forma urgente una reflexión creativa por parte de los Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho, la democracia y la justicia para las víctimas inocentes de la dictadura nicaragüense.
Prestan su compromiso para colaborar en nuevos mecanismos que permitan responsabilizar internacionalmente a Nicaragua, y exhortan a los Gobierno de América Latina a tomar acciones orientados a dicho fin y desplegar todas las herramientas, en el marco del derecho internacional, para facilitar la operación de la justicia internacional.
La declaración fue firmada por Rafael Calderón; Iván Duque Márquez; Osvaldo Hurtado; Mauricio Macri; Jorge Tuto Quiroga; Mireya Moscoso; Mariano Rajoy; Miguel Ángel Rodríguez; Andrés Pastrana Arango; Sebastián Piñera Echenique; y Felipe Calderón.
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