Varios sectores protestaron este miércoles en Bolivia contra la administración estatal de pensiones al considerar que el Gobierno podría utilizar libremente esos recursos y poner en riesgo el sistema de seguridad social. El gabinete de Luis Arce ha dicho que ofrecerá garantías.
La estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tiene previsto el inicio de su labor al 100 % a partir de mayo, después de un proceso de transición que se anunció en 2015, para gestionar los aportes a la jubilación que hasta ahora estuvieron a cargo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
Las protestas se centraron principalmente en las ciudades de Santa Cruz, la mayor de Bolivia, y La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de la central Cochabamba.
“Mi plata no se toca, carajo” y “muera la Gestora Púbica” fueron algunas consignas de un grupo de manifestantes en las puertas del Ministerio de Economía en La Paz, mientras que en la oriental Santa Cruz se realizó una marcha en la que se pidió que la decisión sobre el cambio de administración de pensiones se haga por referéndum.
Ante esto, el gerente de la Gestora Púbica, Jaime Durán, dijo en una conferencia de prensa que “no debe existir ningún temor” a este traspaso ya que se van a “reconocer y respetar todos los derechos adquiridos y los contratos que se han firmado con las AFP”.
El ejecutivo de la Gestora Pública también descartó que los aportes a la jubilación sean de “libre disponibilidad” del Estado, puesto que “no existe” en las leyes del país una figura de ese tipo.
También descartó que se aplique un referéndum para dirimir quién administra los aportes a la jubilación, puesto que esa tarea “es competencia exclusiva del nivel central del Estado”.
Durán confirmó que en mayo comenzará la labor de la Gestora Pública a plenitud, puesto que el traspaso de la información de las AFP hacia la administración estatal ha alcanzado el 90 % y durante este mes se completarán “todas las actividades” de migración de datos.
El gerente de la Gestora Pública indicó que el cambio de la administración implica un incremento del 1,31 % en las rentas de jubilación además que las utilidades conseguidas pasarán a un fondo solidario y otro para la renta universal de vejez.
En 2015, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) aprobó el decreto de constitución de la Gestora Pública y en septiembre de 2017 emitió otra norma que pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019, pero luego esto se aplazó para 2021 debido a que el software no estaba concluido.
En julio del año pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó un laudo que obliga a Bolivia indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares por el “retraso injustificado” en el proceso de la nacionalización del sistema de pensiones.
Finalmente, en septiembre de 2022, el presidente Luis Arce anunció la transición al nuevo sistema estatal de pensiones.
(Con información de EFE)
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