
El ex presidente Evo Morales quiere, en este momento, derrocar al presidente de Bolivia y a la presidente del Perú, según acusaciones surgidas de su propio partido, el MAS.
Ante sus seguidores, el 1 de febrero el ex presidente Morales preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar al Lucho (Arce)?”, pero luego, como tiene costumbre, dijo que el periodismo tergiversó sus palabras.
El diputado Rolando Cuéllar, crítico del cocalero, dijo que éste no solamente quiere derrocar a Arce, sino también a la presidente peruana Dina Boluarte.
Y la oposición advierte sobre el momento tenso que se vive por las provocaciones de Morales, con el ejército peruano actuando ahora en la frontera con Bolivia, enfrentado a los narcoterroristas de Sendero Luminoso de Puno.
El presidente Luis Arce, que debería permanecer en el cargo hasta 2025, ha tomado la frase de Morales al pie de la letra y sus diputados quieren ahora anular la condición de “líder vitalicio” que tiene el cocalero en la estructura del MAS.
Además, los seguidores de Arce han anunciado que no les temblarán las manos cuando quieran llevar a juicio a Morales antes de que se lo pueda llevar la DEA de Estados Unidos.
Las palabras de Morales contra Arce revelan que el cocalero estaría dispuesto a apoyar la iniciativa de la oposición de promover un referéndum revocatorio del actual presidente.

El departamento de Santa Cruz exige a Arce liberar al gobernador Luis Fernando Camacho de inmediato, que lleva un mes preso, o atenerse al revocatorio para el cual se reúnen firmas, que deben sumar un millón y medio, según las leyes.
Sin embargo, la oposición boliviana sospecha que las riñas entre Arce y Morales no son reales y que sólo sirven de cortinas de humo para cubrir los problemas en la economía, comenzando por la necesidad urgente de elevar los precios de los combustibles.
Es tan delicada la situación que la Administradora Nacional de Hidrocarburos, ANH, solicita a los ciudadanos vigilar a sus vecinos para que los combustibles no sean mal utilizados o llevados de contrabando fuera del país, siendo que tienen una subvención del Estado.
El opositor José Carlos Sánchez compara esta exhortación con el sistema de espionaje que se da en Cuba, con comisarios de cuadras que deben informar a la dictadura de todo lo que hacen sus vecinos.
Además, dice, se sabe que quienes llevan combustibles de contrabando a países vecinos no los compran en los puestos de venta: usan cisternas mediante arreglos con funcionarios del propio gobierno.
El año pasado, Bolivia importó combustibles por un valor diario de 11,8 millones de dólares, lo que hizo que la balanza comercial de combustibles deje un déficit de 1.700 millones de dólares.

El experto Álvaro Ríos, ex ministro de petróleo, dijo que a esas importaciones se sumarán dentro de poco las compras que deberá hacer Bolivia de gas natural, cuando se terminen de agotar las pocas reservas que ahora quedan.
En 2030, dicen otros expertos, Bolivia producirá solamente 11 millones de metros cúbicos de gas por día, pero su consumo será de 15 millones, lo que obligará a comenzar las importaciones de gas.
Argentina y Brasil, que reciben ahora pequeños volúmenes del gas de Bolivia, se han puesto de acuerdo para usar los ductos bolivianos cuando hayan quedado vacantes, lo que permitirá llevar el gas de Vaca Muerta, en el sur argentino, hasta Sao Paulo, pasando por territorio boliviano.
Por el momento, el conflicto peruano, azuzado por Morales, tiene semiparalizada la economía de Bolivia, pues afecta a Santa Cruz y El Alto y obliga a los exportadores a buscar en Chile puertos alternativos a los peruanos.
En este momento son 800 los camiones bolivianos varados en Perú desde que comenzó el conflicto. Las empresas piden ayuda internacional para llevar alimentos a los conductores de esos camiones.
José Carlos Sánchez cree que las riñas entre Arce y Morales desaparecerán cuando la oposición comience a amenazar la permanencia del esquema de fraude electoral que mantiene al MAS en el gobierno.
Por el momento no hay señales de que la oposición esté apuntando contra el fraude, que consiste, entre muchas otras cosas, en un padrón electoral inflado y el hecho de que cientos de miles de ciudadanos que viven en el exterior voten en las elecciones, sin ellos saberlo.
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