Un juez de Nicaragua declaró culpables de los delitos de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a dos jóvenes opositores, miembros de la Alianza Universitaria de Nicaragua (AUN), informó este jueves la organización estudiantil.
Mildred Rayo y Miguel Flores, quienes fueron detenidos por militares el 1 de noviembre pasado cerca de la frontera con Costa Rica, fueron declarados culpables en un juicio a puertas cerradas celebrado el miércoles en el Complejo Judicial de Managua, de acuerdo con la AUN.
“Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez Quinto de Distrito Penal de la circunscripción Managua, operador del régimen sandinista, dictó sentencia en un montaje donde, desde el Poder Judicial como verdugo, utilizan leyes diseñadas para criminalizar a jóvenes honestos e inocentes”, denunció la organización juvenil opositora, a través de una declaración.
La Fiscalía de Nicaragua solicitó 8 años de prisión para Rayo y 10 para Flores, indicó la AUN.
La organización también denunció que, durante el juicio contra los jóvenes, “a sus familiares no se les permitió el ingreso a la audiencia”, cuyo juicio calificaron de “montaje arbitrario contra su libertad”.
AUN sostuvo que los jóvenes inculpados pertenecen a un grupo de más de 200 nicaragüenses considerados presos políticos por los organismos humanitarios, que se encuentran encarcelado tras haber participado en protestas antigubernamentales o criticar a Daniel Ortega.
10 años de cárcel a familia de opositor
Las autoridades judiciales de Nicaragua sentenciaron el jueves a ocho y 10 años de cárcel a tres familiares del opositor exiliado Javier Álvarez, en la primera condena dictada en el país contra parientes de un perseguido político.
Álvarez, un economista de 69 años crítico del gobierno de Daniel Ortega, dijo a la agencia de noticias AP que su esposa Jeannine Horvilleur, de 63 años, y la hija de ambos, Ana Carolina Àlvarez Horvilleur, de 43, fueron condenadas a 8 años de prisión, mientras que su yerno Félix Roiz recibió una pena de 10 años de cárcel.
Los delitos imputados fueron “conspiración para cometer menoscabo a integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Esta es la primera sentencia de culpabilidad contra familiares de un perseguido político, una estrategia que, según defensores de derechos humanos, comenzó a ser aplicada por el gobierno de Daniel Ortega el día que arrestaron a la familia de Álvarez.
Los tres fueron detenidos el pasado 13 de septiembre en Managua, cuando la policía se presentó en la vivienda de la familia para capturar a Javier Álvarez, un opositor de bajo perfil, quien ya había escapado a Costa Rica.
Las dos mujeres tienen doble nacionalidad francesa y nicaragüense, pero esa condición no sirvió para revertir el proceso penal en su contra.
Álvarez dijo que el juez Félix Salmerón admitió las penas solicitadas por la Fiscalía, pese a que sus familiares “no estaban involucrados en ninguna actividad política”.
Según allegados a la familia Álvarez, la embajada francesa en Managua intentó sin éxito gestionar la liberación de las dos ciudadanas franco-nicaragüenses desde el día de su detención.
Javier Álvarez reiteró que sus familiares “son inocentes” y que fueron arrestados y condenados “para vengarse de mí” al no poder detenerlo.
Los tres están presos en la cárcel policial de El Chipote, donde permanecen decenas de líderes opositores arrestados desde mayo de 2021, como parte de los más de 230 “presos políticos” reportados por la oposición.
Según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 255 presos políticos, entre dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas, líderes religiosos, y otros.
La captura de críticos de Ortega se inició después de abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido a que respondió con la fuerza.
Esas manifestaciones antigubernamentales fueron reducidas con ataques armados que, según la CIDH, dejaron al menos 355 muertos, de los cuales Ortega, quien ha dicho que se trató de un intento de golpe de Estado, ha admitido 300 víctimas.
La crisis de 2018 se agudizó en los años siguientes con elecciones nacionales y municipales señaladas de supuestos fraudes por la oposición excluida y buena parte de la comunidad internacional.
(Con información de EFE y AP)
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