Chile: la crisis política por los indultos de Boric no se detiene y la oposición denunció penalmente al gobierno

La crisis política que provocó la decisión del Presidente Gabriel Boric de otorgar indulto a 12 presos que fueron detenidos durante el estallido social en Chile, además del ex frentista Jorge Mateluna, impactaron en la ahora ex minstra de Justicia, quien ahora tendrá que enfrentar una acusación constitucional en su contra.

Son varias las repercusiones que trajo la determinación presidencial. A 11 días del anuncio, el Primer Mandatario salió a explicar las razones de la decisión, y en total ya ha aceptado dos renuncias, de la ministra de Justicia y la de su brazo derecho en gestión política, el jefe de Gabinete. Esto, se suma a una considerable baja en la aprobación, al punto que la vocera de Gobierno reconoció que se encuentran en “un momento difícil”.

La determinación gubernamental de los 13 indultos no sólo tensionó las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial chileno, sino que también le dio ventaja a la oposición quienes se bajaron de una denominada “mesa de seguridad” que buscaba desarrollar para atacar la delincuencia, y además, anunciaron una acusación constitucional en contra de la ahora ex ministra Marcela Ríos. Agregan a esto, una presentación de una querella judicial por el delito de “prevaricación administrativa” contra “todos quienes resulten responsables”, especialmente por el indulto al ex frentista Jorge Mateluna.

Acusación Constitucional y querella judicial

El anuncio de acusación fue presentado este martes en el Congreso Nacional. El jefe de la bancada de diputados del partido opositor Renovación Nacional, Andrés Longton, acompañado por otros parlamentarios le pidieron a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para que inicie la investigación penal con el objetivo de esclarecer los hechos y perseguir las responsabilidades penales en el otorgamiento del indulto presidencial al ex frentista Jorge Mateluna, “quien se encontraba condenado a 16 años de prisión por participar en un asalto a una sucursal bancaria en 2012, y que ya había recibido el beneficio en 2004″, sostiene el documento.

En el texto se advierte que lo expuesto “configura el delito de prevaricación administrativa”, lo que es sancionado en el artículo 228 del Código Penal. Los diputados pidieron, incluso, que se citara a declarar al Presidente Gabriel Boric, a las ministras del Interior, Carolina Tohá, y a la ex titular de Justicia, Marcela Ríos. Concepto judicial que en Chile, también es causal de judicialización.

El principal argumento de los demandantes, los parlamentarios opositores, apunta a que no se especifican los motivos exactos para otorgar ese indulto presidencial. “(El indulto) exige conocer la exposición de motivos razonables que permitan entender por qué el condenado puede acceder excepcionalmente a la extinción de la responsabilidad penal que le ha cabido. Pese a tales deficiencias, el acto surtió sus efectos y el mismo día en que se expidió fue liberado el condenado”, sostiene el texto. En este sentido se expone también que “lo cierto es que la actuación administrativa por la que se concedió el indulto no cumple con tales estándares legales”.

La acusación contra la ex secretaria de Estado apunta a una presunta vulneración de la Constitución y las leyes respecto de la concesión de los indultos presidenciales y beneficios carcelarios entregados a reos de la denominada Macrozona Sur.

Pasan los días y la crisis no se detiene

La ex ministra Ríos, ya había sido criticada desde diferentes sectores políticos de Chile, por las fallidas nominaciones al cargo de Fiscal Nacional de José Morales y de Marta Herrera a lal más alto cargo de la fiscalía en Chile. Desde partidos de derecha avisaron que la acusaron de no construir el diálogo necesario para que alguna de las dos cartas obtuviera los votos necesarios en el Senado.

Aunque el citado tema no aparece mencionado en el documento acusatorio, presentado por la coalición opositora, sí aparece el tema de los indultos y los beneficios carcelarios entregados a reos de la zona de conflicto mapuche al sur de Chile, ambos temas divididos en dos capítulos y mencionados como causales de vulneración a la Constitución y las leyes. El diputado Longton, declaró que en la coalición “hay una coordinación clara” frente a la acusación.

Afirmó que “se otorgaron, infringiendo la ley, siete indultos. Es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos, y se dejó expuesta a la ciudadanía, producto de que no se consideraron los antecedentes, como hoy día reconoce abiertamente la ministra Vallejo”.

“La negligencia, la peligrosidad de esa decisión, hoy día deja absolutamente al descubierto e indefenso a un país completo, que tiene que pagar por las consecuencias de esta decisión mal tomada por el Presidente y por la ministra de Justicia, que tiene la obligación de asesorar en materia de indultos y de emitir de manera leal y conforme a derecho, los decretos que fueron mal emitidos respecto a su fundamentación, en especial siete indultos y los que todos conocemos respecto al señor (Jorge) Mateluna y al señor (Luis) Castillo”, añadió.

En tanto, el parlamentario aseguró que los beneficios entregados a los presos de la zona de conflicto mapuche fueron “bajo extorsión, amenazas, atentados terroristas, atentados incendiarios a funcionarios de Gendarmería y a población civil”, dijo. “Mediante esa coacción, el Gobierno cede y otorga beneficios penitenciarios, no cumpliendo la ministra de Justicia con su rol jerárquico de supervigilar, de fiscalizar y, además, de sancionar a quienes hayan cometido estos actos absolutamente ilegales, vulnerándose entre otros el reglamento penitenciario y entregando beneficios a personas que, mediante la fuerza, presionaron y extorsionaron”, agregó.

Seguir leyendo