Estados Unidos sancionó este lunes a la Dirección General de Minas de Nicaragua y a Lenín Cerna, asesor del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, como represalia por el encarcelamiento de presos políticos en el país centroamericano.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó además una nueva orden ejecutiva que permite a su Gobierno expandir las sanciones contra Nicaragua, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, ha sido utilizada por la dictadura de Ortega para gestionar el sector minero burlando las sanciones que EE.UU. impuso en junio pasado a la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El Tesoro estadounidense acusa a las autoridades nicaragüenses de utilizar las ganancias de la producción y venta de oro para “oprimir al pueblo nicaragüense” e incluso “apoyar la invasión de Ucrania lanzada por Rusia”.
La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación del país en 2020 y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, busca duplicar la producción en los próximos cinco años.
Por su parte, Cerna es considerado “un confidente cercano” de Ortega, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
Cerna, que ha sido sancionado por ser funcionario de la dictadura de Nicaragua, estuvo presuntamente involucrado en el asesinato en 1979 del coronel Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza (1974-1979).
Como fruto de las sanciones del Tesoro, quedan bloqueadas todas las propiedades y cualquier transacción bajo ley estadounidense de la Dirección General de Minas y de Cerna.
La orden ejecutiva firmada por Biden otorga además al Tesoro la autoridad para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y para prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense.
El subsecretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, arremetió en un comunicado contra “los reiterados ataques del régimen contra la democracia y contra miembros de la sociedad civil, así como la injustificada detención de presos políticos”.
Con las nuevas disposiciones, Estados Unidos “puede usar y usará todas las herramientas para negar al régimen los recursos que necesita para seguir socavando las instituciones democráticas”, dijo.
La de hoy es la más reciente y quizás la más agresiva medida de Estados Unidos para castigar al ex líder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.
Sanciones previas han ido contra Ortega, contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y contra familiares y allegados cercanos. Pero ninguna medida ha afectado el poder del mandatario, cuyo objetivo más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros miembros del clero.
Las acciones del lunes podrían augurar el inicio de nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, una acción que la administración Biden hasta ahora ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. En lo que va de año, agentes fronterizos de Estados Unidos han encontrado nicaragüenses en las fronteras en 134.000 ocasiones, casi el triple de todo el 2021.
Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera en que las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión del régimen de Ortega.
(Con información de EFE y AP)
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