La sombra del crimen organizado brasileño en las elecciones del próximo domingo

Con al menos 53 grupos criminales reconocidos, Brasil se ha convertido en uno de los principales centros de delincuencia en América Latina, según destaca la edición especial de 2022 del Anuario de Seguridad Pública. En particular, el tráfico de drogas, destinado principalmente al mercado europeo, mueve 3.600 millones de dólares anuales a pesar de que el país no es productor de cocaína.

Es imposible pensar que esta fuerza económica no tenga un impacto en las elecciones, sobre todo porque tanto la familia del presidente Jair Messias Bolsonaro como el Partido de los Trabajadores de Lula están vinculados desde hace tiempo por la prensa brasileña a las milicias armadas de Río de Janeiro y al Primer Comando Capital (PCC), respectivamente. Y ahora estos grupos se hacen oír para imponer su peso en la votación.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, llegó a pedir en los últimos días ayuda al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre De Moraes, para garantizar la seguridad de los postulantes: “Algunos candidatos - dijo Paes - no pueden entrar en muchas zonas dominadas por las milicias en el este de Río porque otros candidatos han hecho acuerdos con ellas”.

Las milicias son grupos paramilitares formados principalmente por ex policías y se asientan sobre todo en la zona oriental de Río de Janeiro y en la vecina Baixada Fluminense, aunque se ha registrado su presencia para proteger grandes latifundios o actividades mineras ilegales también en la Amazonia. En los últimos 16 años, esas milicias han crecido un 400% y ahora ocupan el 10% de las favelas de Río de Janeiro. A cambio de una aparente protección del territorio dirigen diversas actividades delictivas, desde el monopolio de las bombonas de gas hasta el tráfico de drogas.

Los medios de comunicación brasileños comenzaron a hablar de ellas en 2018, tras el asesinato en Río de Janeiro de la concejal del partido de izquierda PSOL y activista por los derechos humanos Marielle Franco. Aunque nunca se descubrió al mandante, los investigadores detuvieron a un grupo de milicianos como autores materiales del asesinato. El hecho de que uno de ellos, Ronnie Lessa, viviera en el mismo bloque de apartamentos que el presidente Bolsonaro suscitó más de una pregunta en la prensa brasileña. “Soy un ex capitán del ejército”, se defendió Bolsonaro, “y muchos policías militares de Río de Janeiro son buenos amigos míos. Pero no conozco ninguna milicia de Río de Janeiro, no hay ninguna conexión mía con la milicia de Río de Janeiro”.

Otro sospechoso de participar en el homicidio de Marielle Franco, el miliciano Adriano Nobrega, también acusado de liderar un escuadrón de la muerte en la favela de Río das Pedras, en la zona oeste de Río de Janeiro, ha resultado ser parte de un esquema criminal que involucró uno de los hijos de Bolsonaro, Flávio, acusado de lavado de dinero y malversación. Se trata de una trama de fraude para desviar dinero público a cuentas privadas, en este caso sueldos de empleados inexistentes cuando Flavio era diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, esquema conocido localmente como “rachadinha”. La denuncia fue desestimada este año por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro mientras que Nobrega murió en un misterioso tiroteo con la policía militar de Bahía.

En comparación con las milicias de Río, el PCC, nacido en una cárcel de São Paulo en 1993 y presente en todo Brasil, se ha convertido en un cartel de la droga con intereses en todas partes, también en Europa y Estados Unidos, y con profundos vínculos con la mafia calabresa ‘ndrangheta.

“El PCC no sólo es peligroso para Brasil”, explica a Infobae Ryan Berg, director del programa de las Américas del think tank estadounidense ‘Center for Strategic and International Studies’ (CSIS). “El PCC controla un gran porcentaje de las operaciones criminales de Brasil y de los países vecinos, y en diciembre de 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como una importante organización criminal dedicada al narcotráfico, por lo que sus miembros pueden enfrentarse a sanciones”.

Mientras el fantasma del PCC planea por todas partes, incluso en las elecciones, sus dirigentes han desmentido una falsa “salve”, es decir una llamada escrita en la que se afirmaba que el grupo estaba preparando atentados durante estas elecciones. La cúpula del grupo corrigió con otra “salve” afirmando que “no tenemos nada qué ver con estas elecciones ni con la política, cada uno juega el papel que tiene que jugar”.

Sin embargo, según la revista brasileña, Veja, el PCC habría pedido a sus miembros que voten por la candidata a diputada federal del Partido de los Trabajadores (PT) Fabiana Soler. Su marido es Evandro Andrade da Silva, también conocido como “Ceasa” (Centro de suministro), “Veinho” (Vena) y “Bondinho” (Teleférico), una figura destacada del PCC. Actualmente cumple una condena de 48 años de prisión por tráfico de drogas, homicidio, robo y porte de armas ilegales.

Un reportaje del 2020 de la revista Piauí descubrió la presencia de un importante piloto de helicópteros del PCC, Felipe Ramos Morais, en el edificio Solaris de Guarujá. Este es el edificio que se hizo famoso por el tríplex que, según los fiscales de la Lava Jato, pertenecía a Lula y por el cual fue condenado en tres instancias. Morais, según el Ministerio Público Federal y cómo reveló Piauí, vivía en ese mismo edificio pero en otro piso. Según la justicia brasileña, el piso donde vivía estaba registrado a nombre de un funcionario de la constructora OAS, pero en realidad para los fiscales pertenecía a la esposa del ex tesorero del PT, João Vaccari Neto, condenado por corrupción en el caso Petrobras.

El otro gran grupo criminal, el Comando Vermelho, también ha hecho acto de presencia en esta campaña electoral. La hija de su líder, Fernandinho Beira Mar, ahora en prisión, hace campaña por Claudio Castro, candidato a gobernador del partido de Bolsonaro, el Partido Liberal. Fernanda Costa, este es su nombre, ex concejal en Duque de Caxias, cerca de Río de Janeiro, feudo del Comando Vermelho, ha sido acusada de ser el brazo político de su padre.

“Quién gane las próximas elecciones”, explica Berg, “se verá obligado a abordar la cuestión de la seguridad. Para garantizar esa seguridad, el país probablemente tendrá que encontrar la manera de aumentar las inversiones, encontrar nuevas estrategias de investigación y aumentar los esfuerzos para contrarrestar las actividades de blanqueo de dinero. También tendrá que redoblar la cooperación internacional, incluso con Estados Unidos, para asegurar sus fronteras y desmantelar las redes transnacionales de las que dependen el PCC y otros grupos”, concluyó.

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