El antiguo e histórico diario nicaragüense La Prensa denunció a través de una breve nota editorial que “el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició, desde la noche del miércoles, una cacería” en contra de su personal y que “dos trabajadores del medio fueron secuestrados y se presume que están en las celdas del nuevo Chipote”.
La represión, dice el diario, está dirigida contra el equipo periodístico que dio cobertura a la expulsión de Nicaragua de las Misioneras de la Caridad que realizó la dictadura nicaragüense este mismo miércoles. El chofer que conducía el vehículo en que se movilizaba el equipo periodístico fue apresado al caer la noche y otro conductor más, sin relación con la cobertura, fue detenido posteriormente. En ninguno de los casos se sabe de qué se les acusa.
A la medianoche fueron allanadas al menos tres casas de trabajadores del medio cuando ellos no estaban presentes.
En uno de los allanamientos, vecinos relataron que llegaron cuatro patrullas de policía y unos siete motorizados. Los agentes ingresaron con lujo de violencia a la vivienda y a las viviendas vecinas en busca del trabajador de La Prensa.
“Exigimos al régimen que respete las leyes. Que se libere a los detenidos y cese la persecución contra el personal del Diario que son personas que solo ejercen su trabajo, sin cometer delito alguno”, expuso el periódico en la portada de su página web.
“La historia del Diario LA PRENSA está llena de atropellos perpetrados por aquellos que se sienten amenazados por el derecho de los ciudadanos, constitucionalmente establecido, de dar y recibir información. Estamos ante un ataque más para callarnos”, añade.
La Prensa fue fundada en marzo de 1926, y en los casi cien años de vida que tiene ha sufrido la represión de tres dictaduras: la de los Somoza (1936-1979), la de los sandinistas (1979-1990) y la actual de la familia Ortega Murillo. Ha sido víctima de cierres, apresamiento de su personal, bombardeo de sus instalaciones, acoso de turbas, retención de materias primas y el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en enero de 1978.
Desde el 13 de agosto de 2021, sus instalaciones están tomadas por la Policía y su gerente, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue condenado a ocho años de cárcel por el presunto delito de “lavado dinero”, una especie de comodín que la dictadura ha utilizado para encarcelar a críticos y opositores.
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