Un informe del Observatorio para la Tortura presentado este lunes concluyó que en Nicaragua la justicia es utilizada como instrumento de una “política de represión”, en contra de los opositores.
De acuerdo con el informe, titulado Análisis sobre procesos judiciales. Diciembre 2021 - marzo de 2022, al menos 66 personas fueron arrestadas y condenadas en el contexto de los comicios en los que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron reelegidos como presidente y vicepresidenta, respectivamente.
Según el estudio, el régimen de Ortega y Murillo utiliza el “Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos”.
El Observatorio, que pertenece al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que, tras el anuncio de la reelección, hubo un “incremento de la estigmatización y hostilidad hacia las personas presas políticas, especialmente, luego del discurso presidencial en que les llamó ‘hijos de perra’, por lo que se puede considerar un incremento en la saña hacia las más de 181 personas presas políticas para ese entonces”.
El informe resaltó la “ausencia de autonomía e independencia del Ministerio Público”, y describió al “Poder Ejecutivo como un órgano de represión y criminalización a las personas opositoras, activistas, periodistas y defensoras de derechos humanos (…). Los juicios contra estas personas presas políticas solidifican el totalitarismo y la sumisión de este Poder a la pareja presidencial”.
“Para garantizar este modelo, los jueces han sido seleccionados por su obediencia hacia el partido de Gobierno (…), las personas arrestadas no son sujetos de derechos, son tratadas como enemigos”, agregó el abogado del Colectivo, Gonzalo Carrión.
El Observatorio hizo referencia a violaciones al debido proceso en contra de los presos políticos, entre las que destacó detenciones arbitrarias, malos tratos o torturas, desconocimiento de la acusación, nula publicidad de los procesos judiciales, derecho a la defensa limitado, privación del uso de la palabra obligados a inculparse tras amenazas y torturas”.
“La forma en cómo se han configurad estos procesos judiciales constituyen herramientas para generar tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como para permitir la tortura”, agregó.
El de este lunes fue el sexto informe del Colectivo de Derechos Humanos sobre los procesos judiciales en Nicaragua, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas murieron en los ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018, mientras que al menos 181 permanecen en prisión, incluyendo siete nicaragüenses arrestados tras anunciar su interés en competir con Ortega por la Presidencia de Nicaragua.
(Con información de EFE)
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