El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños que cuenta -esta última- con una de las bibliotecas virtuales más completas del país, informó este sábado el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 83 asociaciones se elevan a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según la dictadura de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de “agentes extranjeros”, lo que han rechazo los afectados.
La Academia de la Lengua existe desde 1928
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya personalidad jurídica fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir hace casi 94 años.
Además, la Fundación del fallecido ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), que creó la biblioteca virtual con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.
Asimismo, la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable.
Según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también se pide cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Según ese legislador sandinista, las ONG que han sido ilegalizadas hasta ahora, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para “intentar derrocar” a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el régimen como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y la dictadura solo reconoce 200.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
El régimen también ha cancelado los registros y números perpetuos de nueve ONG europeas, seis ONG estadounidenses, y una costarricense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes encrcelados.
Con información de EFE
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