La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este miércoles una segunda extensión de un régimen de excepción implementado desde el pasado 27 marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de 87 personas.
El decreto fue aprobado a solicitud del Consejo de Ministros del presidente Nayib Bukele con los votos de 67 diputados, de los 84 que forman el Congreso, por un periodo de 30 días, es decir que se amplía hasta finales de junio próximo.
La nueva ampliación del régimen entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, según el decreto leído en el pleno del Congreso y el cual no tuvo análisis ni discusión parlamentaria.
La segunda prórroga de este régimen, que suspende el derecho de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, se da a pesar de las cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos y de las alertas de que el país se encamina a una crisis humanitaria por la saturación de las cárceles, donde han sido trasladados miles de detenidos.
La Constitución salvadoreña señala que la prórroga no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración, pero no limita las veces en que puede ser prorrogado, según el análisis presentado por el Gobierno de Bukele.
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, señaló recientemente que la Carta Magna no establece plenamente si la ampliación se puede dar por una única vez, por lo que se da a interpretaciones.
Diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) señalaron que si bien ha sido controlada la ola de violencia que dio pie a implementar el estado de excepción, el “génesis” de las pandillas “no ha acabado”, por lo que es necesario que el régimen continúe para que “el Gobierno termine por completo con las pandillas”.
Además, apuntaron que durante el régimen “no ha habido violación de derechos”, sino “justicia para las familias, víctimas de las pandillas”.
Solo la organización no gubernamental Cristosal ha recibido más de 700 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, principalmente por detenciones arbitrarias.
Las detenciones masivas han sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se continúa sin saber si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, advirtió recientemente que bajo las masivas detenciones de supuestos pandilleros, las autoridades también han arrestado a personas “que no son pandilleros y se les somete a graves sufrimientos y violencia de Estado”.
La mitad de la población salvadoreña aprueba una ampliación del régimen, pero considera que el Gobierno debe tomar “otro tipo de medidas diferentes” para enfrentar el fenómeno de la violencia, de acuerdo con un sondeo presentado este miércoles.
Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros.
La parlamentaria Claudia Ortiz, de la opositor partido Vamos, señaló que bajo el régimen de excepción “se están violentando derechos de personas inocentes” y que “hay personas muriendo en manos del Estado”.
Además, pidió al Gobierno que explique “por qué no pueden combatir la delincuencia sin régimen de excepción”.
(Con información de EFE)
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