Daniel Ortega agudiza su más cruel arma represiva: el destierro

El 21 de abril, diez días después de su detención, el régimen de Daniel Ortega sacó de los calabozos de la cárcel El Chipote al matrimonio nicaragüense dedicado a la producción musical Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia, con una condición: que se fueran inmediatamente del país. Su familia debía tener “en mano” el boleto para viajar. Era el destierro o la cárcel. Al día siguiente, la pareja estaba llegando a Alemania con su pequeño hijo.

Casi al mismo tiempo, Josué Monroy, vocalista de la banda Monroy & Surmenage, y Leonardo Canales, productor musical, apresados el mismo día que Espinoza y Tapia, eran expulsados a El Salvador, el primero, y a Costa Rica, el segundo. En estos casos ambos tenían, además de la nacionalidad nicaragüense, la nacionalidad del país al que fueron expulsados.

Unos días antes, la mañana del 18 de abril, autoridades migratorias nicaragüenses impidieron que entrara al país el fundador del grupo La Cuneta Son Machín, Carlos Luis Mejía, cuando regresaba de un viaje familiar a Miami, Estados Unidos. Al llegar al aeropuerto de El Salvador, la aerolínea le comunicó que Nicaragua prohibía su ingreso.

Estas detenciones y destierros se produjeron en medio de una ola represiva que el régimen de Daniel Ortega desató contra músicos en Nicaragua por la posibilidad de que sus conciertos evocaran la rebelión ciudadana que sucedió en abril, hace cuatro años. Oficialmente no hubo explicación ni justificación legal alguna para sus detenciones ni para sus expulsiones.

El destierro, una práctica prohibida expresamente por la Constitución Política de Nicaragua, es un arma más del arsenal represivo que utiliza el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra aquellos nicaragüenses críticos a su gestión.

El artículo 20 de la Constitución nicaragüense establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad” y el artículo 31 de la misma carta señala, entre otros, los derechos que otorga la nacionalidad: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.

Eliseo Núñez, abogado y analista político nicaragüense, dice que el destierro es un tipo penal en desuso en el mundo e ilegal en Nicaragua. “Se usaba desde la época premoderna, con los griegos, y (Anastasio) Somoza usó el destierro contra opositores hasta los años 60 del siglo XX, pero es una práctica que tendió a desaparecer después de que la carta de derechos fundamentales de Naciones Unidas estableciera que todo mundo tiene derecho a una patria”, dice.

El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.

“Ortega no solo está violando las leyes nacionales, sino también las normas internacionales”, dice Núñez.

Indica que Cuba, a diferencia de Nicaragua, sí contempla la deportación en su cuerpo legal y frecuentemente ha hecho deportaciones de presos políticos con la “condición de sacarlos de la cárcel si hay un país que esté dispuesto a recibirlos”.

“Ortega añora el régimen cubano y lo mira como su modelo a seguir, así que no sería extraño que reforme la Constitución en los próximos meses para integrar esta disposición legal que, por ahora, es inconstitucional”, dice. “Es su forma de actuar. Primero genera los hechos, mira las reacciones y si las reacciones no lo ponen en peligro, lo convierte en ley y luego dice que todo lo actuado es en el marco legal del país”.

El destierro como arma represiva, Daniel Ortega la está usando desde hace muchos años, pero con mayor intensidad en los últimos meses.

En noviembre de 2018, el régimen nicaragüense expulsó a la activista opositora Ana Quiroz, de origen costarricense y nacionalizada nicaragüense tras más de 30 años de vivir en Nicaragua. Irónicamente, Quiroz llegó a Nicaragua muy joven, entusiasmada por la revolución que se vivía en el país y se quedó trabajando en el campo social.

“Me citaron a Migración, luego me trasladaron a una perrera, que es una celda encerrada de El Chipote y ahí me tomaron fotos y me sometieron a un interrogatorio por horas. Luego me llevaron a la frontera de Costa Rica, en donde finalmente me entregaron”, declaró Quiroz en su momento.

Otros muchos casos de nicaragüenses desterrados se mantienen en el anonimato porque temen las represalias que pueda haber contra sus familias al hacerlo público. La negación al derecho a permanecer en Nicaragua se da por dos vías: una, negándole la entrada al país a aquellos nicaragüenses que el régimen tiene en lista negra, y dos, amenazándolos con cárcel si no salen del país.

“Conozco de primera mano el caso de una muchacha que participó en las protestas y le dieron dos opciones: o la echaban presa o se iba y garantizaba que no volvería a Nicaragua porque si volvía la echaban presa. Así mismo hubo varios casos de estudiantes que fueron desterrados”, relata Eliseo Núñez.

“El destierro es un exilio forzoso”, señala para diferenciarlo del exilio voluntario o autoexilio, que es aquel cuando una persona huye de su país para ponerse a salvo.

A Ortega, dice, le ha resultado útil el exilio en general porque deja al país sin voces de protesta y liderazgo, y los exiliados se convierten en una fuente de ingreso porque mandan remesas (monetarias) a la familia que queda en su país y ese dinero sirve para sostener al régimen”.

El 8 de noviembre pasado, Daniel Ortega, dejó entrever la posibilidad de solucionar “a la cubana” la situación de los presos políticos quienes podrían ser deportados después de su liberación. “Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar a los Estados Unidos. ¡No son nicaragüenses, No tienen patria!”, expresó iracundo Ortega en ese momento en cadena nacional.

Al tiempo que nicaragüenses son expulsados de su país, el régimen nicaragüense otorga ciudadanía a extranjeros perseguidos por la justicia de sus países, tal es el caso de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén, y, más atrás, en los años 80, Alessio Casimirri, condenado a seis cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro, en 1978, entre los casos más conocidos.

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