La defensa de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez presentó un recurso de amparo constitucional con la intención de evitar un “doble juicio” en el caso “golpe de Estado” por los hechos acontecidos en noviembre de 2019.
El abogado de Áñez, Luis Guillén, indicó que el recurso fue presentado hace dos días y que ahora se mantiene a la espera de que se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia, de acuerdo a lo informado por el diario boliviano Los Tiempos.
Anteriormente, la defensa de la ex presidenta ya había rechazado que el proceso se dividiera en dos -’Golpe I’ y ‘Golpe II’-, pues considera que, de esta forma, se investigará por partida doble los mismos hechos sobre la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ascenso de Áñez a la presidencia del país.
Guillén apuntó que, aunque ya se impugnó este desdoblamiento, ante la posterior ratificación de la Justicia, se ha decidido recurrir al recurso de amparo. Además, afirmó que se ha decidido tomar esta vía de forma preventiva para que no se prosiga con los procesos penales.
El primer caso investiga los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración, mientras que el segundo indaga el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana.
En el caso “golpe de Estado” se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el ex presidente Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.
Por su parte, semanas atrás el viceministro de Justicia de Bolivia, Jaime Siles, había adelantado que la primera sentencia contra Áñez se anunciará entre marzo y abril de este año.
Además de Áñez hay otras diez personas, entre ellos antiguos comandantes y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia, acusados de incumplimiento de deberes y de vulnerar la Constitución. Se trata de un epígrafe del caso “Golpe de Estado I”, que investiga la implicación de estos y otros sospechosos en delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Áñez permanece en prisión preventiva desde el 15 de marzo de 2021, a medida que avanza la investigación en su contra. Desde su entrada en el penal de Miraflores, en La Paz, tanto ella como su familia han denunciado su precario estado de salud, llegando incluso a alertar sobre un supuesto intento de suicidio.
En octubre de 2021, la defensa de Áñez sufrió un nuevo revés cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una solicitud de medidas cautelares después de determinar que el Estado boliviano ha velado en todo momento por la salud de la detenida.
El pasado 12 de enero la ex presidenta manifestó su “rechazo” a la visita de una comisión del Parlamento boliviano y pidió que organismos internacionales intercedan para “recuperar” los derechos que considera le fueron violados.
En un texto manuscrito que fue difundido en sus redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria “es una comisión política” y que su intención no es la de “velar” por sus derechos humanos ni por el estado de su salud, tras diez meses de su reclusión.
“Requiero a organismos internacionales, que están acreditados y que verdaderamente se preocupan por mi salud y mi integridad física para que me ayuden a recuperar todos mis derechos”, señala.
En la carta Áñez se definió como “presa política” y apuntó al presidente del país, Luis Arce, al ex mandatario Evo Morales, “la élite” del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y a la justicia boliviana como principales responsables para que se violen sus derechos.
(Con información de Europa Press)
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