Un fallo de segunda instancia confirmó la sentencia de 2019 que condenó al Estado uruguayo a “enajenar onerosamente” el Águila del Graf Spee y el telémetro, un equipo utilizado para medir distancias en el mar de 27 toneladas.
Esta semana fue indicado el fallo de segunda instancia, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo civil de 4to turno, informó Montevideo Portal. Según la sentencia, el Estado deberá sacar el águila y el telémetro a remate público o un llamado a precios de acuerdo con el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), la que rige los procesos de compras y contrataciones estatales.
El resultado de la venta deberá ser compartido con los hermanos Alfredo y Felipe Etchegaray quienes rescataron del fondo del mar el águila del Graf Spee y el telémetro, que aseguraba al Graf Spee precisión en sus piezas de artillería, junto al buzo Héctor Bado.
“Este incidente tiene relevancia histórica por ser la primera batalla de mar en la segunda guerra mundial, ser la última donde participaron los acorazados, y además el único conflicto bélico que hubo en esta parte del mundo durante esa guerra”, dijo Alfredo Etchegaray.
Confesó que llevan “muchos años litigando con el Estado, luego de obtener los permisos correspondientes para la búsqueda y rescate de los elementos”. La búsqueda del águila del Graf Spee fue compleja por la profundidad y las condiciones adversas donde se encuentra hundido el barco. Sin embargo, los hermanos Etchegaray hicieron los trámites correspondientes y financiaron ellos mismos el rescate.
Firmaron un contrato de rescate en 2004. Ese mismo año lograron retirar el telémetro del barco y dos años después el equipo encontró el águila en la proa, con un peso de más de 300 kilos y una esvástica tallada a los pies del ave. “Una vez sacado del agua el águila y el telémetro, comenzaron los problemas y la negativa del estado en cumplir con su parte del contrato”, agrega.
El abogado de los hermanos, Carlos Rodríguez Arralde, dijo que “obtuvimos tal como esperábamos, la confirmación de la sentencia de primera instancia, a través de la cual se había amparado la pretensión de los hermanos Etchegaray, de que se condenara al Estado uruguayo a cumplir con el Contrato de Rescate, y en consecuencia, a proceder a la enajenación onerosa de los objetos extraídos al tenor del mismo, compartiendo con los permisarios (Alfredo y Felipe Etchegaray) en un 50 %, el producido de la misma”.
Consultado sobre si los demandantes pedirán que se ejecute la sentencia, Rodríguez Arralde respondió que sería evaluado y que es una alternativa posible.
Aunque a partir de la sentencia del Tribunal de segunda instancia el Estado todavía tiene la facultad de interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, dicho recurso no impide que la sentencia se cumpla.
El recurso de casación pretende obtener por parte de la Suprema Corte de Justicia el reexamen jurídico de sentencias definitivas o con fuerza de definitivas dictadas en segunda instancia, por un error de derecho, de fondo o de forma.
Si la sentencia no se cumpliera de forma voluntaria, los demandantes podrían solicitar al al Tribunal la imposición de conminaciones económicas (una cantidad en dinero a pagar por cada día que demore el cumplimiento) al Estado hasta que cumpla con lo que se ordenó en la sentencia.
Si, por el contrario, el Estado pretendiera que se suspenda la sentencia hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre el recurso de casación, deberá prestar garantía suficiente.
Comienzos del caso
El caso judicial con respecto al águila nazi del buque Graf Spee, hundido en diciembre de 1939 en las costas uruguayas, fue causa de dos pedidos de prórrogas por parte del gobierno debido a la declaración de la emergencia sanitaria en 2020.
En junio de 2019, se había resuelto en primera instancia que se dispusiera y se realizara la “enajenación onerosa” del águila y que lo producido, junto al telémetro, fuera en un 50 % para el Estado y en otro 50 % para los demandantes, los hermanos Alfredo y Felipe Etchegaray y el buzo Héctor Bado, fallecido en 2017.
El Ministro de Defensa, Javier García, declaró a EFE que sea cual sea el destino final de las piezas, el Estado uruguayo va a garantizar que ese símbolo, que representa una parte de la historia más negra y la peor historia de la humanidad, no sirva para publicidad ni culto nazi”.
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