“Navidad sin presos políticos”, el clamor en Nicaragua para liberar a 171 personas encarceladas por el régimen de Daniel Ortega

Por cuarto año consecutivo la oposición nicaragüense demanda una “Navidad sin presos políticos”. La campaña busca liberar a 171 personas que se encuentran en las cárceles de Daniel Ortega, la mayoría de ellos apresados después de las protestas de abril 2018 que pusieron en jaque al régimen nicaragüense.

“Invitamos al pueblo de Nicaragua, organismos de derechos humanos, comunidad internacional, nicaragüenses de la diáspora y del exilio a sumarse a esta campaña, para que se logre la libertad plena de las presas y presos políticos, así como la justicia y la democracia en Nicaragua; ya que somos una Nación que merece paz, desarrollo social, empleos dignos, buenos servicios de salud, educación de calidad, y calidad de vida para nuestras familias y conciudadanos”, expresa un comunicado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Infografía: Marcelo Regalado

El “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas”, que integra a varias organizaciones de familiares de presos políticos, establece en 158 los detenidos por razones políticas después de abril de 2018 que aún permanecen en las cárceles y 10 más que fueron apresados en los años anteriores a la rebelión de ese año. Sin embargo, en la lista no se integran tres presos políticos cuyos familiares u organizaciones pidieron no aparecer en las listas públicas.

“La cantidad aún podría ser mayor porque hay muchos familiares que por miedo a las represalias piden que no se incluya a su preso, y en otros casos no está muy clara la situación porque el régimen acostumbra acusar a los opositores por delitos comunes”, explica Ricardo Baltodano, exreo político que trabajó en el informe.

El más antiguo de los reos políticos es Marvin Vargas, 51 años, conocido como “El Cachorro”, un líder de los veteranos de guerra que en su momento apoyó las campañas de Daniel Ortega, y quien amenazó con ejecutar protestas en reclamo por las promesas no cumplidas de Ortega a su organización. En marzo de 2011 fue capturado bajo cargos de “estafa” y desde entonces ha permanecido la mayor parte del tiempo en celdas de castigo. Cada vez que se vence su condena, aparecen nuevos cargos que le han impedido recobrar su libertad. “Todo apunta que el propósito es que muera en la cárcel”, dice Pablo Cuevas, el abogado de derechos humanos que ha seguido su caso.

Edgard Parrales, 79 años, es el preso político más reciente y el de mayor edad entre los 171 detenidos. Fue capturado por la Policía en su casa, poco después de dar una entrevista en un canal de televisión como experto en temas diplomáticos. Parrales es abogado, fue sacerdote católico y embajador del gobierno sandinista ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en los años ochenta.

También se destaca el caso de los hermanos Martínez, Adrián Alexander (18 años); Richard de Jesús (19); y Ángel Sebastián (23), los tres capturados el 19 de marzo de 2020 por supuestamente negarse a participar en la represión contra los jóvenes que protestaban, según informó la sección de Derechos Humanos del diario La Prensa.

La campaña ha tenido el respaldo de Estados Unidos. “Aunque las elecciones fraudulentas han terminado, Ortega-Murillo continúa arrestando a figuras de la oposición por cargos inventados y tratando de silenciar las voces críticas. Nos sumamos a las convocatorias en Nicaragua por una Navidad sin presos políticos”, expresó a través de Twitter Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Olama Hurtado Chamorro, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dice que la campaña que ha emprendido su organización busca además sensibilizar a la ciudadanía de la situación de los presos políticos. “Muchas familias nicaragüenses no van a poder darle un abrazo o un regalo a sus hijos, su madres o padres. En los artes que hacemos ponemos la fotografía del preso, destacamos a sus familiares cercanos y cerramos con la pregunta: ¿Y si fuera tu hija, hijo, mamá o papá? Se trata de crear conciencia y empatía”, explica.

Hurtado tiene a cuatro de sus tíos presos por razones políticas: Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro García y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.

Dice que entre los familiares de presos políticos se ha discutido la posibilidad de que la situación de los detenidos se negocie en el posible diálogo que anunció Daniel Ortega para después de las elecciones de noviembre. “Hay consenso en que no puede haber diálogo con nuestros familiares presos ya que estos no son moneda de cambio y eso sería negociar con terroristas”, afirma Olama Hurtado.

Al menos 43 personas han sido detenidas a partir del 28 de mayo de este año, cuando el régimen sandinista desarrolló una ola represiva destinada descabezar a la oposición y excluirla del proceso electoral que culminaría el 7 de noviembre. Siete de los detenidos son personas que manifestaron su intención de competir contra Daniel Ortega en las elecciones presidenciales.

El informe de “Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas” destaca que entre 29 de octubre y el 30 de noviembre se registraron “43 detenciones por motivaciones políticas. De este grupo, 15 personas fueron liberadas horas o días posteriores mientras que 28 se encuentran aún detenidas al 30 de noviembre de 2021″.

La mayoría de estas detenciones se produjeron entre el 5 y 7 de noviembre, “fechas que corresponden al contexto de las elecciones llevadas a cabo el día 7″, añade.

“La mayoría de estas detenciones se caracterizaron por haberse ejecutado de forma arbitraria, sin presentar orden de captura ni brindar información a la persona detenida o sus familiares sobre el motivo de la detención”, señala. “Resulta preocupante que en algunos casos las detenciones fueron realizadas por personas no identificadas vestidas de civil”.

En la lista de Mecanismo se observa que en 43 casos son recapturas a presos políticos liberados anteriormente, y 38 de los presos políticos actuales son personas que van de los 55 a los 80 años de edad. “Para los presos y presas políticas de edad avanzada y que padecen de múltiples enfermedades crónicas, los abogados defensores han demostrado fundamentos de hecho y de derecho solicitando cambio de medidas”. No ha habido resultado a las gestiones, añade el informe.

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