Ecuador desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para “garantizar la seguridad” en esas instalaciones, anunció el viernes la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, tras un amotinamiento de presos que dejó 118 muertos.
“El gobierno mantiene movilizados de manera permanente, diariamente en todos los centros penitenciarios del Ecuador a 3.600 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, dijo la funcionaria en rueda de prensa en Quito, agregando que la operación es para “garantizar la seguridad” en las prisiones.
La administración del presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo pasado, tomó esa decisión tras la revuelta en una cárcel del puerto de Guayaquil (en el suroeste del país) el martes, que dejó al menos 118 muertos, entre ellos seis decapitados, y 86 heridos.
En esa prisión, con una población de 8.500 personas y un hacinamiento que llega a 60% según cifras oficiales, se desató un enfrentamiento con armas de fuego entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional que se disputan el poder.
En la rueda de prensa conjunta con Vela en la casa de gobierno, el director de prisiones, Bolívar Garzón, indicó a su vez que Ecuador planea otorgar indulto para unos 2.000 reclusos de más de 65 años y con enfermedades o discapacidades.
La medida apunta a descongestionar el sistema carcelario de Ecuador, cuya capacidad es para 30.000 personas y que desde hace varios años afronta una crisis por una superpoblación de 30%, falta de guardias, reducción de presupuesto, corrupción y la guerra entre bandas con vínculos con el narcotráfico mexicano y colombiano.
Por su parte, Vela explicó que “el indulto puede ser otorgado por dos instancias de la institucionalidad ecuatoriana: el Presidente de la República o la Asamblea Nacional”. También se ha decidido “gestionar el proceso de repatriación de extranjeros”, asunto en el que precisó que al momento se están tratando “82 casos”.
Los anuncios llegan en medio de una severa crítica al Gobierno por la situación en las cárceles del país, con niveles de hacinamiento del 62% en el centro penitenciario del Litoral, en Guayaquil, donde ocurrieron los hechos que costaron la vida a 118 reos.
Sobre esa prisión, que el último año ha sido el epicentro de las sangrientas reyertas entre bandas vinculadas al narcotráfico, dijo que el SNAI se va a “enfocar en el control total” del mismo, e “incluir entre las medidas de seguridad el escáner de carga para evitar el contrabando de armas”.
Asimismo, se rehabilitará el complejo penitenciario y se distribuirá a los presos en pabellones diferentes para evitar hechos violentos.
Vela también anunció, en una acción coordinada con el Municipio de Guayaquil, que se va a hacer entrega de nichos de sepultura a las familias y se les ofrecerá “acompañamiento” a través de los Ministerios de Salud e Inclusión Social.
(Con información de AFP y EFE)
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