
Cristiana Chamorro, líder de la oposición nicaragüense, cumple este domingo el cuarto día de arresto domiciliario, en el que permanece incomunicada y sin acceso a sus abogados. Orieta Benavides, una de sus representantes legales, indicó que que está “prácticamente en un secuestro” por parte del régimen de Daniel Ortega.
“Aún no me han permitido ver a Cristiana (...) El arresto domiciliar, a como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana, no debería de estar incomunicada, no debería de ser privada de comunicarse con sus familiares y defensa, no debería de tener totalmente cortadas todas las vías de comunicación y acceso, es una situación que escapa de lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro”, manifestó Benavides al diario local La Prensa.
Denunció que todavía no tuvo acceso al expediente judicial en los Juzgados de Managua y señaló, además, que las autorizaciones para ver a su defendida “son un tanto discrecionales”: “No hay oficio judicial. Este caso no se ajusta a ninguna regla legal”.
Pese a permanecer incomunicada, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hermano mayor de Cristiana, ex diputado nacional (2007-2017) y ex concejal de Managua (2004-2006), dijo que la líder opositora está “con la frente en alto”.
“Hasta el día de ayer a sus hijos se les permitió visitarla, Antonio Ignacio y Cristiana María, ella (Cristiana) siempre con la frente en alto”, afirmó.

La directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio por una orden del Poder Judicial a petición del Ministerio Público, que la investiga por supuestamente cometer los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos” por parte del Ministerio Público.
Chamorro, quien ha calificado al mandatario Daniel Ortega de “dictador” y le ha señalado de estar “muerto de horror” ante la posibilidad de perder el poder, anunció en mayo que se inscribiría como precandidata presidencial para las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el gobernante busca su tercera reelección consecutiva.
Pedro Joaquín, también hermano del ganador del premio Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien ha sufrido dos confiscaciones por parte del régimen, insistió en que habla exclusivamente a título personal y dijo que Cristiana tiene “buen estado de salud, la han tratado bien”, aunque mencionó se siente “muy preocupado por la situación que ella está atravesando”.
El Ministerio Público de Nicaragua acusó a Chamorro -hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)- por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.

Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra. Asimismo, pidió se prohíba a Chamorro Barrios a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.
La persecución del régimen nicaragüense siguió en las últimas horas tras la detención de otro candidato opositor: Arturo Cruz, quien fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.
Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 horas local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular.
Por su parte, los precandidatos opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que fueron informados que tienen “casa por cárcel hasta nuevo aviso”, pese a que no tienen acusaciones en su contra.
Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y el líder ex contra Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.
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