Periodistas nicaragüenses denunciaron el ataque contra la libertad de expresión por parte del régimen de Ortega en el caso Chamorro

Los periodistas nicaragüenses que han sido citados por el Ministerio Público de Nicaragua que investiga a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios por un caso de presunto lavado de dinero consideraron este viernes que la prensa no oficial es víctima de un “ataque”.

“Estamos claros que esto (entrevistas de comunicadores ante fiscales) es un ataque al periodismo en general. Están tratando de involucrarnos en un caso inexistente”, dijo el fotoreportero Carlos Herrera, del portal digital Divergentes y colaborador del periódico español El País, quien ha sido premiado por documentar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Herrera acudió a la Fiscalía, en calidad de testigo, por el caso en que se investiga a Chamorro Barrios, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y en el que se ha citado a cerca de una veintena de comunicadores.

La investigación contra Chamorro Barrios es en su calidad de representante y directora ejecutiva de la extinta ONG “Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

Según el Ministerio de Gobernación del régimen nicaragüense, esa ONG “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.

“NUEVA ESCALADA DE REPRESIÓN”

La periodista Maryórit Guevara, directora del medio digital La Lupa, opinó que las citas a sus colegas, incluida una colaborada de su plataforma, ante la Fiscalía, es “una nueva escalada de represión y hostigamiento contra el periodismo en Nicaragua”.

En un mensaje, explicó que su medio ha aplicado a convocatorias de fondos con otras organizaciones dedicadas a promover el buen periodismo, como la colombiana Fundación Gabo, lo cual, sostuvo, no es ilícito.

“No hemos cometido ningún delito, ni un solo delito. No somos delincuentes. Somos periodistas en defensa del derecho a informar y la libertad de prensa”, señaló la periodista, quien se encuentra exiliada en España tras sufrir asedio, hostigamiento y amenazas en contra de su integridad.

Aseguró que el régimen de Ortega ha intentado desde el 2007, cuando retornó al poder, “callar al periodismo, pero la respuesta que le dimos ha sido seguir activos y brotar con o sin fondos, por convicción y compromiso con la sociedad de Nicaragua”.

“El objetivo es amedrentar e infundir miedo al periodismo independiente de Nicaragua”, dijo, por su lado, Néstor Arce, de Divergentes, para quien la prensa no oficial atraviesa “peligro” desde 2007 porque desde entonces, según dijo, “se bloquea la información pública, se niega el acceso a las coberturas de prensa estatales, y Ortega no ofrece entrevista a la prensa nacional”.

(Con información EFE)

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