La fiscalía del caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, acusó este lunes al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de lavado de dinero. Los fiscales sospechan que el ex mandatario ocultó sobornos por 4 millones de reales hechos por la constructora Odebrecht, en el centro del caso, a través del Instituto Lula.
También se encuentran acusados su ex ministro de finanzas, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto, Paulo Okamotto. De acuerdo al documento, los pagos ilegales fueron disfrazados como cuatro donaciones separadas, cada una de ellas por el valor de 1 millón de reales.
“La existencia de cuentas irregulares destinadas a recibir sobornos entre los contratistas de OAS y Odebrecht y el Partido de los Trabajadores (que Lula lidera), por las que pasaron cifras millonarias para la adquisición de propiedades que favorecen al ex presidente Lula -un triplex en Guarujá y una propiedad en Atibaia- ya han sido reconocidas por la 13va corte de Curitiba y por la 4ta corte Federal Regional. En el marco de este proceso criminal, también se reconoció que estas cuentas fueron alimentadas por ventajas irregulares obtenidas por contratistas de OAS y Odebrecht a través de licitaciones cartelizadas y crímenes de corrupción en detrimento de Petrobras”, indica un párrafo de la acusación presentada por la fiscalía.
El cuerpo aseguró a su vez que el modus operandi del esquema fue el mismo que en otras acciones “que ya han sido reconocidas en instancias judiciales por Cortes Federales en primera y segunda instancia”: en concreto, el pago de una parte del contrato otorgado a modo de soborno a los funcionarios públicos.
La operación anticorrupción Lava Jato se encuentra debilitada por cuestionamientos a sus dos principales figuras, el exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol. A mediados de la semana pasada la Fiscalía de Brasil (PGR) aceptó, sin embargo, prorrogarla, aunque por menos de cinco meses.
La PGR renovó los mandatos de los 14 fiscales de la Fuerza Tarea de Lava Jato en Curitiba (sur), que vencían este jueves, hasta el 31 de enero de 2021, precisó un comunicado de la institución.
El vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, no atendió el pedido de los fiscales de prorrogar por un año esa misión, que desde 2014 llevó a la cárcel a empresarios y políticos poderosos, entre ellos a Lula, y tuvo ramificaciones en varios países del continente y de África.
Medeiros adujo que la limitación temporal de la misión se debió a restricciones presupuestarias.
“Prorrogar una fuerza tarea de gran porte que aspira a crecer cuando ya no hay más concursos de funcionarios ni de fiscales (...) no es una cuestión de mera buena voluntad”, afirmó.
Lava Jato sufrió en los últimos meses varios reveses judiciales ante instancias que admitieron que hubo abusos de procedimientos como las delaciones premiadas que sirvieron como base para sentencias importantes.
El Fiscal General, Augusto Aras, llamó recientemente a cambiar el rumbo de la lucha anticorrupción para que “el ‘lavajatismo’ no perdure”.
Lava Jato, que descubrió una enorme trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la estatal Petrobras, se extendió a otros estados de Brasil.
Pero la Fuerza Tarea de Curitiba, la capital de Paraná, tuvo a cargo la mayoría de las investigaciones más resonantes, bajo la égida de Dallagnol, que fueron juzgadas luego en primera instancia por Moro y les valieron a ambos un enorme prestigio en un país gangrenado por la corrupción.
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