La Asamblea de Bolivia aprobó la ley para celebrar el 6 de septiembre las elecciones generales, que en un principio estaban previstas para el 3 de mayo pero tuvieron que aplazarse por la pandemia de coronavirus.
El Proyecto de Ley 691, fruto de un acuerdo entre los partidos políticos representados en el arco parlamentario, fue aprobado el martes en sendas sesiones celebradas en la Cámara de Diputados y en el Senado ante la presencia del jefe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero. Ahora, queda en manos del Gobierno para su promulgación.
La ley establece que “el Tribunal Supremo Electoral fijará mediante resolución expresa la nueva fecha para la jornada de votación (...) a realizarse en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo, vale decir hasta el domingo 6 de septiembre de 2020”.
No obstante, señala que la nueva fecha debe ajustarse a los criterios técnicos especificados por el TSE y a los criterios científicos provenientes de organismos especializados de salud, “que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones” en el contexto de la COVID-19.
En este sentido, el presidente del TSE se ha mostrado “convencido” de que “los derechos políticos”, “indispensables para el régimen democrático”, y el derecho a la salud, “son compatibles, no antagónicos”, según informa la prensa boliviana.
PRESUPUESTO PARA LAS ELECCIONES
Así, el TSE remitirá esta semana al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el monto que se requerirá para la organización de los comicios.
Romero ha afirmado que se necesitará un “presupuesto adicional” para llevar adelante la cita electoral en medio de la pandemia, debido a las medidas de seguridad que se asumirán antes y durante la votación para evitar posibles contagios.
“Se va a requerir un presupuesto adicional para llevar adelante el proceso. Esto va a ser comunicado, informado y solicitado al Ministerio de Economía en el transcurso de la semana”, dijo Romero a su salida del hemiciclo, ha informado el diario local El Deber.
En enero, la autoridad electoral había informado de que iba a solicitar 201 millones de bolivianos (más de 25 millones de dólares) para llevar adelante los comicios, un 18 por ciento menos que el proceso encarado en 2019.
CRISIS POLÍTICA
Con estos comicios, Bolivia aspira a zanjar la crisis política en la que se encuentra inmersa por las "irregularidades" detectadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.
El entonces presidente, Evo Morales, tuvo que dimitir y más de 30 personas murieron por enfrentamientos entre sus simpatizantes y detractores y con las fuerzas de seguridad. Actualmente, está refugiado en Argentina y, conforme a un acuerdo político alcanzado para calmar las calles, no podrá participar en las nuevas elecciones presidenciales.
Según las encuestas de intención de voto que se realizaron antes de que surgiera la crisis sanitaria, el candidato del MAS de Morales, el ex ministro de Economía, Luis Arce, partía con una amplia ventaja sobre el resto de competidores, incluida la actual mandataria, Jeanine Áñez.
En Bolivia, hasta ahora, se han confirmado casi 14.000 casos de coronavirus, mientras que los muertos a causa de la pandemia rozan los 500.
(Con información de Europa Press)
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