“Cadena de abrazos" en la rotonda Hugo Chávez: el “premio” del régimen de Daniel Ortega para un policía sancionado en Estados Unidos por represor

Silencio. Así ha reaccionado hasta ahora el régimen de Daniel Ortega a las sanciones anunciadas recientemente por Estados Unidos contra la Policía Nacional de Nicaragua y tres de sus principales jefes. Esta vez no hubo discursos incendiarios, ni alardes ni condenas públicas, solo una extraña “cadena de abrazos” en plaza pública para consolar a uno de los jefes policiales sancionados.

El último jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la Policía Nacional, como institución, y contra tres de sus jefes: los comisionados Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Antonio Valle Valle. Por primera vez Estados Unidos sanciona a una institución estatal nicaragüense.

La medida golpea la operatividad económica del principal órgano represor del gobierno de Ortega que alcanza los 16 mil efectivos, y ha sido calificada como la “más brutal” de todas las sanciones que hasta ahora Estados Unidos ha impuesto al gobierno de Daniel Ortega para castigar el derrotero dictatorial que ha tomado y obligarlo a una apertura democrática que desemboque en elecciones libres.

El gobierno de Ortega no ha reaccionado a la medida. Los medios de comunicación oficialistas no han dicho una sola palabra sobre el tema y la vicepresidente y esposa de Ortega, Rosario Murillo, ha evitado referirse a las sanciones en sus tradicionales alocuciones radiales del mediodía.

Sin embargo, la tarde del jueves en que se anunciaron las últimas sanciones, estudiantes en uniforme escolar y con pañoletas rojinegras (los colores del gobernante Frente Sandinistas) al cuello fueron llevados a la emblemática rotonda Hugo Chávez, de Managua, donde el comisionado Juan Valle Valle, uno de los jefes policiales sancionado, recibió flores y una cadena de abrazos de los niños y adolescentes que, uno por uno, con cara de perplejidad, desfilaron ante él.

El analista político Eliseo Núñez considera que el evento es “una mala interpretación” de las cadenas de abrazos que han hecho otras personas en la lucha contra la violencia. “Es absurdo”, dice, “agarran gente y la ponen a abrazar y a dar besitos a los violentos”.

El comisionado mayor Juan Valle Valle es el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional y según la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las sanciones le fueron impuestas por “ser o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua y por ser un líder de la Policía Nacional de Nicaragua”, institución considerada “una herramienta (de Ortega) en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”.

A Valle Valle se le ve, generalmente con armas de guerra, dirigiendo operativos para reprimir a los ciudadanos que protestan en las calles de Managua.

“(La Policía) es responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, consideró el Departamento del Tesoro.

Estas sanciones son la última ronda de acciones con que Estados Unidos, principalmente, y Canadá y otros organismos internacionales, en menor medida, van cercando al régimen de Daniel Ortega, que luce aislado internacionalmente y golpeado en su operatividad económica.

Las sanciones ya alcanzan a 18 líderes del Frente Sandinista y autoridades del Estado de diferentes rangos, incluyendo a la vicepresidente Rosario Murillo y a dos de sus hijos, Rafael y Laureano Ortega Murillo. También se ha sancionado a seis entidades, entre las que están piezas claves del emporio empresarial de la familia Ortega como son el Banco Corporativo (Bancorp), la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) y una poco conocida Inversiones Zanzívar, que sin embargo aparentemente era muy importante en el manejo de activos.

Las sanciones derivan de la ley conocida como Nica Act y la Orden Ejecutiva 13851, firmada por el presidente Donald Trump el 27 de noviembre de 2018, que implica, entre otras cosas, congelamiento de activos, restricciones de visas, y advierte a terceros para que se abstengan de realizar transacciones con los sancionados. Es prácticamente una muerte financiera.

Al ritmo de las sanciones, el régimen va desarrollando estratagemas de elusión. Por ejemplo, el Bancorp quiso con antelación deslindarse de la también sancionada Albanisa para evitar el contagio. Sin embargo, en abril de 2019 recibió su propia sanción y Ortega decidió venderle al Estado de Nicaragua, por 23 millones de dólares, el banco castigado, prácticamente un cadáver, para convertirlo en el Banco Nacional que nunca funcionó.

A los funcionarios sancionados, generalmente, el régimen les quita las funciones administrativas, tal es el caso del Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado en junio de 2019. “Es realmente un orgullo, para mí es un reconocimiento, es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo”, alardeó Porras en la misma ceremonia en la que se le despojaba de las funciones administrativas inherentes a su cargo.

“Ahora lo que tenés es un problema serio”, dice Eliseo Núñez. “¡La policía no puede ni comprar combustible! Las sanciones son efectivas. Están golpeando duro, sobre todo en el eje financiero. Están restringidos a hacer negocios solo adentro de Nicaragua o en países donde no hay muchos controles y entonces el riesgo es mayor. Y están expuestos a que los testaferros empiecen a robarles el dinero”.

“Es muy significativo que con el tema de la Policía hayan guardado silencio. La Policía es el principal órgano represor del Estado. Si a alguien debería defender Ortega es a ellos. Da la sensación que los dejó abandonados”, dice. “Ellos están bajo la tónica de ignorar las sanciones para no dar muestras del golpe que significa”.

Quien sí ha estado hablando es el Ejército de Nicaragua, una institución que pocas veces se pronuncia públicamente. “Durante dos semanas antes de las sanciones, el Ejército ha estado hablando de arriba abajo, del diálogo, tratando de desmarcarse de la Policía”, considera Núñez. “Da la impresión que el Ejército tenía información sobre esto con antelación y empleó toda una estrategia de desmarque del tema”.

Núñez cree que la estratagema de supervivencia esta vez será pasar la planilla de la Policía al Ministerio de Gobernación y “reformar todo el tema de compra de bienes y servicios a través del Ministerio de Hacienda”.

La suerte de la Policía de Nicaragua es una carrera contra reloj. El Departamento del Tesoro establece un plazo de 60 días a partir del 5 de marzo pasado para que las entidades financieras eliminen cualquier relación con la institución sancionada, so pena de recibir ellos mismos esas sanciones. Por los antecedentes, se sabe que el gobierno prepara algo para los próximos días y, se espera que ese algo sea más que una cadena de “besos, flores y abrazos”.

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