Jeanine Áñez anunció este jueves la abrogación del polémico Decreto 4078, que permitía a las Fuerzas Armadas bolivianas a participar de los operativos para restaurar el orden público en el marco de las protestas, sin tener responsabilidad penal por sus actos.
“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación”, destacó la presidenta interina de Bolivia.
Días atrás generó controversia la medida firmada por la mandataria. En particular, el apartado que indicaba que aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana que participen de los operativos quedarían “exentos de responsabilidad penal”.
Muchos interpretaron esto como una “carta blanca” para reprimir y que los uniformados no tendrían consecuencias judiciales.
Sin embargo, el párrafo completo al que se hacía referencia era más amplio y explicativo: “Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron el decreto firmado por Áñez. Frente a las críticas, la jefa de Estado interina explicó que se trataba de “un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia, que ponen en peligro la estabilidad del país”.
Asimismo, aclaró que el Ejecutivo apeló a esa medida luego de que se registraron en las últimas semanas “acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia”.
Áñez también agradeció a las Fuerzas Armadas por su participación en las protestas, considerando que gracias a su intervención se evitaron mayores actos de vandalismo y confrontación.
La Defensoría del Pueblo informó este jueves que el saldo de muertos en el marco de las protestas ascendió a 35.
El último fallecido fue identificado como Julio Llanos Rojas, quien murió este jueves tras pasar varias semanas en cuidados intensivos, luego de resultar herido el 29 de octubre por un grupo de indígenas ayllus de Potosí que se estaba manifestando en La Paz en apoyo al gobierno de Evo Morales.
De acuerdo con el diario boliviano ‘La Razón’, un grupo de manifestantes agredió a Llanos Rojas, que quedó tendido en el suelo y recibió varios golpes en la cabeza. Desde entonces, había estado ingresado en el Hospital Obrero.
“La Defensoría del Pueblo lamenta el fallecimiento de Julio Llanos Rojas, quien sobrevivió a las dictaduras que vivió nuestro país (...), y expresa su solidaridad con su familia por tan irreparable pérdida”, señaló la institución en un comunicado.
El líder opositor Carlos Mesa también ha expresado en Twitter su pesar por la “trágica muerte” de Llanos Rojas, “perseguido en las dictaduras militares, luchador por la justicia y víctima de la violencia política de un Gobierno que jamás respetó los Derechos Humanos”.
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