
El equipo de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), enviado a Chile para analizar la situación vinculada a las protestas y a la represión policial, concluyó el viernes su visita oficial en el país y se espera que publique los resultados de su investigación en las próximas dos o tres semanas.
En las tres semanas que estuvieron en el país, el equipo, formado por 4 especialistas, viajó a siete regiones diferentes (Antofagasta, Araucanía, Biobío, Coquimbo, Maule, Región Metropolitana y Valparaíso), y realizó visitas a comisarías, cárceles y hospitales.
De acuerdo con un comunicado emitido el viernes por la Oficina, las autoridades del país sudamericano proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas.

El trabajo del equipo estuvo enfocado en evaluar la situación de derechos humanos relacionada a las protestas, incluyendo el periodo del estado de emergencia.
Se indagó sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; los reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; las alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad; la información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos y, también, sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas.
A su vez, también se investigaron actos de violencia cometidos contra las fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad privada, entre otros temas.

El grupo sostuvo reuniones con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de la policía (Carabineros), con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 miembros de la sociedad civil.
Como dato importante, el equipo se entrevistó con más de 230 víctimas, incluyendo personas que resultaron detenidas y/o heridas durante las protestas, así como policías heridos.
En su comunicado, la oficina asegura que después de haber escuchado extensos testimonios “muchos de ellos perturbadores” y de haber obtenido información de las autoridades y la sociedad civil, se dedicarán a la elaboración de un “análisis detallado” sobre la información recibida.

A partir de ese análisis se procederá en la redacción de un informe público con los hallazgos detallados de la misión y se formularán recomendaciones para el gobierno.
Por último, el organismo llamó a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras –incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente.
El Gobierno de Chile y las Fuerzas Armadas, contra el informe de Amnistía Internacional
El gobierno de Chile rechazó este jueves el informe difundido por la organización humanitaria Amnistía Internacional, que denunció que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron ataques generalizados a manifestantes, dijo en rueda de prensa Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos.

“El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que pretende establecer una política deliberada para dañar a los manifestantes”, manifestó Recabarren.
También el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile rechazaron “categóricamente” las conclusiones contenidas en el reporte de Anmistía: “No existió ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”, dijo una declaración conjunta de las tres instituciones, sumándose al rechazo más temprano de la policía y el gobierno del derechista Sebastián Piñera.
“La extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido”, agrega la declaración de las instituciones chilenas.

Un menor de 13 años murió durante una protesta en la ciudad de Arica el jueves, aumentando a 23 el número de fallecidos en medio del estallido social que golpea a Chile hace más de un mes, informó este viernes el gobierno.
“Carabineros (policía) informó el fallecimiento de un menor de 13 años en Arica, víctima de un atropello por un furgón (camioneta) en el contexto de manifestaciones”, indicó un comunicado de la Subsecretaría del Interior entregado durante esta jornada.
El hecho ocurrió el jueves, cuando el menor se encontraba en una barricada de neumáticos ubicada en la ruta 5 que une Arica (unos 2.800 km al norte de Santiago) con el resto del país. El conductor –quien fue detenido- embistió la barricada y dejó “grave a un adulto” que acompañaba a la víctima, indicó la Fiscalía de Arica.
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