Un ex directivo de la enorme constructora brasileña Odebrecht y quien además fue informante en una extensa investigación por corrupción fue hallado muerto el miércoles en su apartamento del barrio de Leblon, en Río de Janeiro.
La policía estatal dijo que el cadáver de Henrique Valladares fue entregado a su familia tras ser examinado por el forense. La policía, por su parte, dijo en un correo electrónico que la causa de la muerte aún no había sido determinada.
Valladeres fue uno de los más importantes informantes en la operación Lava Jato, la vasta pesquisa anticorrupción que ha llevado a prisión a numerosos políticos y empresarios de Brasil -aunque también en otros países de América Latina- desde su inicio, en el 2014.
La prensa local dice que el ex ejecutivo ofreció información incriminatoria sobre pagos turbios al ex candidato presidencial Aécio Neves (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) y a Edison Lobo, ex ministro de Minas y Energía del Gobierno de Dilma Rousseff (2003-2011), entre otros políticos.
Valladares dijo que Lobo (miembro del partido MDB) cobró sobornos incluso cuando él se encontraba en el hospital. El ex funcionario aprovechó una "visita de cortesía" al entonces presidente de Odebrecht Energía para solicitar ventajas indebidas en los contratos de construcción de la Hidroeléctrica de Belo Monte en Pará. Ocurrió en 2012, cuando Valladares estaba hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Samaritano, en Río de Janeiro.
De acuerdo con el diario Folha de S. Paulo, Valladares declaró que los pagos que hizo a Neves llegaron a 50 millones de reales (12,2 millones de dólares) y fueron depositados en cuentas bancarias en el extranjero.
En ambos casos, de acuerdo con la prensa brasileña, Odebrecht pidió a cambio beneficios en el área energética. El ejecutivo incluso mencionó pagos al jefe de la tribu indígena en las regiones de interés para la empresa.
Valladares agregó que pagó sobornos a los indígenas para que no crearan problemas con las represas hidroeléctricas de Santo Antônio y Jirau en Rondônia. El dinero ilegal también se destinó a sindicalistas de la CUT (Central Única de los Trabajadores) para impedir manifestaciones.
Con información de AP
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