Un juez de EEUU niega retirar los cargos a Maduro, que alega no poder pagar su defensa por sanciones

Durante la segunda sesión judicial en el caso de narcotráfico contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Manhattan, el debate principal giró en torno a la posibilidad de que el tribunal ordene flexibilizar las sanciones para permitir el acceso a fondos bloqueados. El juez federal Alvin Hellerstein solicitó al fiscal adjunto Kyle Wirshba que reporte si Maduro o su esposa, Cilia Flores, tendrían algún mecanismo alternativo para costear su defensa legal, considerando que las sanciones impiden tanto a ellos como al Gobierno de Venezuela utilizar sus recursos para financiar el litigio. Según informó la cadena CNN, la defensa de Maduro ha insistido en la imposibilidad de afrontar los honorarios legales debido al congelamiento de activos por parte de Estados Unidos, mientras el magistrado se preguntó si su tribunal posee competencias para instruir a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para levantar estas restricciones.

Según reportó CNN, el juez Hellerstein fue claro en que no accederá a desestimar el caso por la situación financiera de Maduro y reiteró: "No voy a desestimar el caso". Este señalamiento se produjo tras escuchar los argumentos de Barry Pollack, abogado del matrimonio Maduro, quien comunicó que sus defendidos no disponen de fondos propios, pero podría financiarse la defensa con recursos del Gobierno venezolano ahora congelados. Hellerstein reconoció que es probable que cualquier otro fondo a nombre de Maduro o Flores se encuentre igualmente sujeto a decomiso o sanción internacional, dificultando así cualquier maniobra económica para la defensa.

El fiscal adjunto Wirshba objetó la posibilidad de levantar las sanciones y argumentó que el mecanismo correcto para impugnarlas es a través de una demanda civil, no por la vía judicial penal. De acuerdo con CNN, Wirshba advirtió que la utilización de fondos estatales por parte de los acusados equivaldría a “saquear la riqueza de Venezuela” y socavaría el objetivo de las sanciones impuestas, que buscan influir en la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. El fiscal también destacó que las medidas restrictivas aprobadas por Washington son competencia estricta del Ejecutivo estadounidense y no del Poder Judicial.

Durante la audiencia, el magistrado descartó considerar que el propio Maduro o Cilia Flores representen una amenaza inmediata para la seguridad nacional estadounidense: "El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. No lo veo", expresó tras sopesar los argumentos oficiales y de la defensa, según publicó CNN.

El abogado Barry Pollack defendió que la Corte no tendría por qué asignar un defensor estatal a alguien que dispone de bienes patrimoniales, incluso si esos recursos requieren la autorización de autoridades federales para su uso. Pollack remarcó la imposibilidad real de acceso a dichos fondos bajo el actual esquema de sanciones y reiteró la urgencia de resolver el bloqueo económico que enfrenta la defensa.

Fuera de las instancias judiciales, el hijo de Nicolás Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, instó a la ciudadanía venezolana a protestar por lo que calificó como una causa ilegítima. Durante un acto en Caracas, Maduro Guerra proclamó la intención de “elevar la voz” contra este proceso judicial en Estados Unidos. Afirmó: “En su origen es ilegítimo e ilegal” y exhortó a los venezolanos a “dar la batalla por la verdad, la justicia y la paz”. En el mismo evento, expresó que el país debe “construir su propio modelo en paz” y sostuvo que “nosotros no somos criminales”.

Antes de la segunda audiencia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una ampliación del caso y anticipó la presentación de “otros cargos” contra Maduro, según detalló CNN. Mientras presidía una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump declaró que espera “otros juicios porque lo han demandado por una fracción de las cosas que ha hecho”. El mandatario estadounidense sostuvo que “se presentarán otros casos, como probablemente ya saben”. Trump reiteró además acusaciones previas, señalando que Maduro “mató a mucha gente” y ordenó “vaciar las cárceles venezolanas en Estados Unidos”.

CNN informó que este proceso judicial tiene como contexto el histórico arresto de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses a principios de enero de 2026. Desde entonces, la causa ha suscitado debate sobre la legalidad del operativo, la legitimidad del proceso penal y el alcance de las sanciones económicas internacionales, especialmente sobre la capacidad de los sancionados para acceder a defensa legal adecuada.

El caso mantiene en suspensión la posibilidad de que la Corte decida sobre una autorización a la OFAC para desbloquear parte de los fondos con el objeto de costear la defensa. Sin embargo, según detalló CNN, las autoridades estadounidenses insisten en que cualquier excepción a las sanciones debe tramitarse mediante las vías administrativas correspondientes, y no en el marco del proceso penal.

La declaración de Trump sobre posibles nuevos cargos eleva el tono de la presión política en los Estados Unidos sobre Venezuela y el futuro judicial de Maduro. CNN consignó que, mientras tanto, la defensa busca soluciones jurídicas para afrontar el proceso, en tanto que las autoridades federales mantienen férreamente la política de sanciones que impide el uso de activos públicos venezolanos. Esto plantea continuos desafíos sobre la equidad y viabilidad procesal para acusados bajo sanciones internacionales.