En marzo de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió a consulta pública un nuevo real decreto para regular los tendidos eléctricos y la instalación de aerogeneradores, una medida que aún no se ha materializado en la aprobación definitiva de la normativa. Según informó la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, compuesta por nueve organizaciones conservacionistas españolas, esta demora prolonga la alta mortalidad no selectiva de aves asociada a estas infraestructuras, cifra que asciende a decenas de miles de ejemplares cada año. La noticia principal radica en la reclamación formal de la Plataforma al Ministerio, a quien le exige acelerar la aprobación de dicha normativa para salvar a la avifauna y garantizar mayor seguridad jurídica para las empresas del sector.
De acuerdo con la información consignada por la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos y difundida por agencias de noticias, la reforma del Real Decreto sobre tendidos eléctricos y aerogeneradores pretende incorporar medidas cruciales destinadas a mitigar el impacto de estas infraestructuras sobre las poblaciones de aves. El colectivo denuncia que los retrasos en la aplicación de las mejoras normativa agravan el problema ecológico y mantienen un entorno de inseguridad legal para las compañías involucradas en el desarrollo y operación de redes eléctricas y parques eólicos.
El medio detalló que la modificación del Real Decreto figura desde 2022 entre los objetivos del Plan Estratégico estatal del patrimonio natural y la biodiversidad para 2030, donde se establecía que la revisión debía haberse implementado en 2023. Según añadió la Plataforma, el aplazamiento de esta actualización implica que la norma vigente, aunque se consideró ejemplar en su momento, no resuelve de manera eficaz el efecto letal de los tendidos eléctricos y las centrales eólicas sobre la fauna aviar.
La Plataforma, formada por entidades como Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), Revista Quercus, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (SIECE) y WWF España, sostiene que es responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica cumplir con sus propios compromisos estratégicos. Según publicó la citada Plataforma, el objetivo oficial es que todos los tendidos peligrosos para la avifauna estén adaptados para el año 2030.
Entre las críticas planteadas figura que la norma actual se ha quedado obsoleta tanto en el análisis del problema como en la aplicación de soluciones innovadoras. El texto vigente resulta insuficiente para afrontar los retos tecnológicos y ambientales actuales relacionados con la mortalidad de aves, indicaron voceros de la Plataforma a través de diferentes pronunciamientos recogidos por medios especializados.
El colectivo conservacionista enfatiza que cada día de retraso en la aprobación e implementación de la nueva normativa tiene un impacto directo sobre la diversidad biológica, ya que continúa la pérdida anual de miles de aves. Los integrantes de la Plataforma insisten en la “vital importancia” de revisar de inmediato el marco regulatorio, para lo cual solicitaron al Ministerio una pronta respuesta y acciones concretas que permitan disminuir el riesgo letal que representan las infraestructuras eléctricas y eólicas para la fauna protegida, según reportó la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos.
La preocupación expresada apunta tanto a la urgencia ecológica como a la repercusión que la incertidumbre regulatoria tiene entre las empresas responsables de la gestión y adaptación de estas instalaciones. Según declaró la Plataforma, la falta de avances genera dificultades operativas a nivel empresarial y no garantiza el cumplimiento adecuado de las obligaciones de conservación establecidas en la legislación vigente y en los compromisos internacionales del Estado español.
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