El PSOE busca descafeinar la ley de Bildu para prohibir la publicidad de pisos turísticos ilegales

El grupo socialista plantea modificaciones en la Cámara Baja que buscan suavizar la iniciativa impulsada por Bildu, proponiendo eliminar medidas como la creación de una unidad de inspección y un régimen sancionador para plataformas que anuncien alojamientos sin licencia

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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado recientemente en el Congreso una serie de enmiendas dirigidas a modificar sustancialmente la proposición de ley impulsada por Bildu sobre la publicidad de pisos turísticos sin licencia, una iniciativa que busca frenar la proliferación de alojamientos ilegales en plataformas digitales. Según informó Europa Press, entre las propuestas socialistas destaca la supresión de disposiciones clave como la creación de una unidad de inspección y control, así como el establecimiento de un régimen específico de sanciones contra las plataformas y empresas responsables de publicitar viviendas carentes de registro o licencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la iniciativa original de Bildu, actualmente en trámite en la Cámara Baja, contemplaba varias medidas para combatir la publicidad de alojamientos turísticos que operan fuera del marco legal. Entre ellas, se encontraba la introducción de multas para las empresas y la imposición de una responsabilidad legal directa, obligando a las plataformas digitales a garantizar que los anuncios correspondan a viviendas con número de licencia o registro válido. Como parte de este plan, el artículo 25 del texto proponía la puesta en marcha de una unidad especializada encargada tanto de la inspección como del análisis periódico de los servicios que ofrecen estas empresas.

Sin embargo, el PSOE ha solicitado eliminar dicho artículo a través de una enmienda. Esta posición ha encontrado respaldo en Junts, partido que también ha registrado una propuesta para suprimir la creación de la unidad de inspección, según Europa Press. Además, los socialistas han promovido otras dos enmiendas orientadas a suprimir la disposición adicional tercera, que hacía referencia expresa a la nueva unidad especializada, así como a eliminar el mandato que instaba al Ministerio de Vivienda o al de Derechos Sociales y Consumo a establecer, en un plazo de tres meses, un régimen sancionador para las compañías que incurrieran en malas prácticas estipuladas en la proposición de ley.

Europa Press consignó que el argumento esgrimido por el PSOE para descartar la inclusión del régimen sancionador en esta norma específica responde a la necesidad de que cualquier desarrollo en esta materia se regule mediante una ley de rango “omnicomprensivo”. Bajo el criterio socialista, la creación de ese régimen debe formar parte de una legislación más general, con alcance pleno sobre el conjunto del sector de los alojamientos turísticos.

Por otra parte, el Grupo Socialista también ha introducido ajustes legales adicionales al texto tramitado. Dicha información fue detallada por Europa Press, que explicó que estos cambios tienen como objetivo preservar las competencias autonómicas sobre la regulación de alojamientos turísticos. La preocupación por el respeto y la protección del marco competencial autonómico ha sido reiterada en varias ocasiones por distintos partidos, en especial ante las crecientes tensiones en materia de vivienda y turismo.

En la propuesta inicial de Bildu, la unidad de inspección se encargaría de verificar que las viviendas ofertadas en plataformas digitales cumplan con la normativa vigente y dispongan de los permisos necesarios. El plan contemplaba que el organismo realizara chequeos regulares y pudiera actuar en coordinación con las autoridades competentes para detectar irregularidades y sancionar prácticas ilícitas.

El texto fuente de Europa Press describe que, tanto el régimen de multas como la responsabilidad directa sobre las empresas que gestionan el servicio de intermediación, integraban los pilares centrales del proyecto de Bildu. La finalidad base era responsabilizar legalmente a las plataformas digitales, cerrando así la puerta a la proliferación de alquileres turísticos sin autorización oficial y, con ello, intentando frenar los efectos que este fenómeno provoca en los precios de la vivienda y en el modelo turístico.

La posición del PSOE, sustentada en las enmiendas registradas, introduce un enfoque menos intervencionista respecto a las inspecciones y sanciones que proponía Bildu. Al plantear que la supervisión y la voluntad punitiva se desarrollen en un marco legal más general, los socialistas priorizan que cualquier acción sobre la materia esté sujeta al consenso normativo y respete los límites de competencia fijados por la Ley.

Las enmiendas del PSOE se suman, según recogió Europa Press, a otras iniciativas legales puestas sobre la mesa por distintos grupos parlamentarios para replantear el marco con el que España responde al auge de los pisos turísticos y su impacto social y urbano. La tramitación de la ley y las negociaciones en la Cámara Baja abrirán un nuevo capítulo en el debate sobre cómo equilibrar la promoción turística, los derechos de los vecinos y la legalidad de la oferta alojativa en las principales ciudades y destinos turísticos del país.