HRW alerta de abusos como desaparición forzada y tortura para los presos de Estado Islámico trasladados a Irak

El número de personas en el corredor de la muerte en Irak se sitúa, según estimaciones de Human Rights Watch, en alrededor de 8.000, una cifra que pone el foco sobre los desafíos actuales en el sistema judicial iraquí tras la reciente ejecución masiva de seis personas, la primera después de la suspensión de la pena capital a raíz de la Ley de Amnistía General de enero de 2025. Según informó Human Rights Watch este martes, cientos de sospechosos de pertenecer a Estado Islámico, muchos de ellos trasladados desde las prisiones del noreste de Siria hacia Irak, se encuentran en riesgo no solo de desaparición forzada y tortura, sino también de juicios sin garantías y posibles sentencias de muerte.

De acuerdo con la investigación de Human Rights Watch, el grupo más numeroso afectado por estos traslados comprende a unas 5.700 personas llevadas a Irak bajo custodia estadounidense, retenidas durante años sin acceso al debido proceso y ahora bajo la jurisdicción iraquí sin que se les brinden las garantías procesales adecuadas. El medio detalló que esta situación ha planteado preocupaciones graves sobre la posible vulneración del principio internacional de no devolución, que prohíbe trasladar personas a Estados donde pudieran ser víctimas de tortura u otros abusos.

La investigadora de Human Rights Watch para Irak, Sarah Sanbar, afirmó: “Independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías”. Sanbar argumentó que las víctimas de los crímenes cometidos por Estado Islámico tienen derecho a que se haga justicia de manera auténtica, lo que implica asegurar juicios justos para los acusados. Según consignó Human Rights Watch, el proceso de traslado de sospechosos a territorio iraquí implica un riesgo significativo de tortura y maltrato, en contravención a los estándares internacionales.

En su comunicado, la organización subrayó que las deficiencias del sistema de justicia iraquí son especialmente graves en los casos relacionados con el terrorismo, donde son recurrentes las sentencias de muerte y la violación del debido proceso. Human Rights Watch destacó que la última vez que Irak celebró juicios masivos por terrorismo, en los años 2018 y 2019, decenas de miles de hombres fueron arrestados y juzgados en procesos acelerados en los que no contaron con la asistencia legal requerida, y las condenas se apoyaron a menudo en testimonios de informantes anónimos o confesiones obtenidas bajo tortura. El medio advirtió que muchos condenados recibieron sentencias de muerte tras audiencias de apenas diez minutos.

La preocupación sobre el papel de Estados Unidos en estos traslados se hizo patente en el informe de Human Rights Watch, que advirtió que su participación en la detención y transferencia transfronteriza de sospechosos podría hacer a ese país responsable de los abusos resultantes. El excoordinador adjunto de antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Moss, aportó una crítica directa sobre la naturaleza de la operación liderada por Washington en Irak, declarando a la organización: “No es un esfuerzo meditado para lograr justicia y rendición de cuentas, respetando los derechos y las normas”, y consideró que se trata de “un intento oportunista de desentenderse de la situación”.

El medio informó que Human Rights Watch hizo un llamado para que Irak desarrolle una legislación nacional robusta que penalice el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Según la organización, el desarrollo de una respuesta judicial que aborde la magnitud y la sistematicidad de los crímenes atribuidos a Estado Islámico requiere reformas legales y garantías creíbles para evitar repetir los abusos del pasado. Alertó además de que, si no se implementan modificaciones reales en el sistema judicial iraquí, se corre el riesgo de reproducir las violaciones que marcaron los procesos anteriores.

Sanbar expresó ante Human Rights Watch que “Irak se enfrenta a un problema que la comunidad internacional debería haber resuelto hace años”, e insistió en la necesidad de que el gobierno iraquí asuma responsabilidad sobre sus ciudadanos y garantice la justicia genuina a las víctimas de Estado Islámico mediante la celebración de juicios acordes con los principios del debido proceso.

Según publicó el medio, la reanudación de ejecuciones masivas genera inquietud sobre el futuro de los presos actualmente en el corredor de la muerte y sobre la posibilidad de que se implementen sentencias similares a gran escala, sin que existan reformas sustanciales en cuanto a las garantías procesales ni condiciones para evitar los abusos. Human Rights Watch considera que, sin cambios institucionales tangibles y la adopción de garantías mínimas de defensa, la situación actual podría redundar en nuevas violaciones flagrantes a los derechos humanos.

Además, Human Rights Watch remarcó que los procesos judiciales contra acusados de terrorismo en Irak presentan problemas sistémicos, tanto en la fase de detención como durante el enjuiciamiento, con dificultades comprobadas para acceder a abogados, tendencia a emplear pruebas insuficientes, y prevalencia del uso de la pena capital como herramienta de sanción. El medio también dio cuenta de que estos procedimientos suelen estar marcados por la ausencia de transparencia y por el riesgo persistente de desaparición forzada.

La organización internacional recalca que solo a través de reformas estructurales y el compromiso con los estándares internacionales sería posible romper con el historial de abusos y llevar a cabo una administración de justicia capaz de restituir los derechos tanto de las víctimas como de los acusados.