Condenado a cárcel por corrupción y fraude el líder sandinista Bayardo Arce

El fallo judicial presentado en redes sociales sostiene que las acciones atribuidas a Bayardo Arce y su asistente Ricardo Bonilla evidencian una estructura financiera de larga data y alcance considerable, destinada a canalizar y ocultar capitales ilícitos a través de una red de empresas y operaciones que, según el tribunal, generaron un daño patrimonial al Estado nicaragüense superior a los 2,7 millones de dólares (2,2 millones de euros). A raíz de este dictamen, el dirigente sandinista Arce ha sido condenado a una pena de prisión, cuya duración no se reveló públicamente. Según detalló el fallo, citado por medios oficiales y difundido este martes, la Justicia de Nicaragua responsabilizó penalmente a ambos acusados por los delitos de lavado de dinero y fraude agravado contra las arcas estatales.

De acuerdo con la información consignada por la Procuraduría General de Justicia, la sentencia establece que Bayardo Arce y Ricardo Bonilla operaron de forma coordinada y reiterada para manejar fondos obtenidos a través de defraudación tributaria. Para tales fines, los acusados utilizaron diversas sociedades mercantiles y múltiples cuentas bancarias, recurriendo a maniobras financieras diseñadas para disimular la procedencia y el destino de los recursos económicos. Según el organismo, esto afectó de manera considerable la transparencia del sistema financiero nacional y perjudicó los intereses patrimoniales del Estado.

El medio informó que la red involucrada abarcó al menos cuarenta y nueve sociedades, de las cuales treinta y cinco se encontraban activas y servían, según el fallo, para facilitar el flujo de capitales ilegales vinculados con la evasión fiscal. El tribunal resaltó que, para mantener la opacidad en torno a la identidad de quienes se beneficiaban de los movimientos financieros, Arce y Bonilla reclutaron individuos dispuestos a figurar como socios ficticios en las empresas bajo su control. De este modo, el pronunciamiento judicial subrayó que los beneficiarios reales de estas operaciones permanecieron en el anonimato, encubiertos tras una ingeniería societaria extensa y diversa.

La sentencia, de acuerdo con lo difundido por medios oficiales y recogido por varias plataformas periodísticas, afirma: “Se declara la responsabilidad penal de los acusados Bayardo Arce y (el asistente de este) Ricardo Bonilla por el delito de lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua”. El texto completo sostiene que las maniobras comprobadas no representan hechos aislados, sino una operatividad sistemática y de prolongada duración destinada a sumar y reinvertir capitales ilícitos. En concreto, se precisa que los acusados procesaron hasta 2,7 millones de dólares y 82,3 millones de córdobas nicaragüenses (1,8 millones de euros) a lo largo del periodo investigado.

Según publicó el medio, Arce se encuentra privado de libertad en una instalación penitenciaria de Managua desde julio de 2025. Su trayectoria política incluye una década como diputado en la Asamblea Nacional por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), periodo que se extendió desde 1997 hasta 2007. Posteriormente, asumió el cargo de asesor económico del presidente Daniel Ortega, manteniéndose en el entorno del poder político nacional hasta su reciente detención.

La Procuraduría General destacó que las consecuencias de estos movimientos afectaron de forma relevante la estructura y credibilidad del sistema financiero, así como los recursos fiscales del país. Los informes judiciales y las declaraciones difundidas explican que las empresas bajo control de los acusados emplearon mecanismos empresariales y bancarios que permitieron no solo esconder capitales de origen ilícito, sino también reinvertirlos en actividades económicas dentro y fuera del sector formal, perpetuando el ciclo de blanqueo e impidiendo la acción oportuna de las entidades encargadas de supervisar las transacciones sospechosas.

Integrantes del Ministerio Público y organismos relacionados con la fiscalización financiera expusieron ante el tribunal que la escala y el alcance de la operación dirigida por Arce y Bonilla corresponden a un patrón de evasión tributaria “sistémica” y compleja, con ramificaciones en numerosos sectores y la colaboración de intermediarios que actuaron como prestanombres. El dictamen judicial calificó a las maniobras como una “operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos”. La identificación de decenas de sociedades activas y la utilización de estructuras societarias compartimentadas habrían dificultado la detección temprana de las irregularidades y el rastreo de los fondos sustraídos al control estatal.

El proceso judicial en torno a Bayardo Arce y Ricardo Bonilla, reportó el medio, se ha caracterizado por la difusión de documentos oficiales en plataformas digitales y redes sociales, con fragmentos de las resoluciones disponibles para consulta pública. Las autoridades no han dado a conocer, hasta el momento, la extensión exacta de la condena impuesta, aunque la resolución difundida confirma la privación de libertad de los acusados por participación en delitos de corrupción, lavado de dinero y perjuicio al erario nacional.