Lima, 16 ene (EFE).- El Gobierno de Perú aprobó este viernes un decreto para que la Policía pueda acceder a teléfonos móviles u otros dispositivos de personas detenidas en flagrancia por extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y secuestro, sin necesidad de contar previamente con una autorización judicial.
La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros como parte de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para dictar normas para combatir la ola de criminalidad que afecta al país, causada por el auge de bandas criminales dedicadas a exigir cupos de dinero a negocios y empresas bajo amenazas que pueden derivar en asesinatos a cargo de sicarios.
Según señaló la Presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado, la disposición modifica el código procesal penal para que la Policía pueda revisar los dispositivos electrónicos hallados en posesión del detenido, "con autorización previa del Ministerio Público, cuando ello resulte indispensable para el esclarecimiento del hecho".
"Al término del acto de investigación, el fiscal requiere al juez competente la correspondiente resolución confirmatoria", apuntó el Ejecutivo, lo que supondría que la información y datos de la persona detenida fuese vulnerada pese a la negativa posterior de la autoridad judicial.
Para el Gobierno, "esta medida permite preservar la inmediatez en la obtención de evidencia digital, procedimiento que a la fecha demandaba tiempo, y de esta manera evitar la pérdida de información relevante, lo que fortalece la investigación penal frente a delitos muy graves".
Actualmente ya rige en Lima y la vecina provincia portuaria de Callao un estado de emergencia decretado por el presidente interino, José Jerí, para combatir el crimen organizado que, desde octubre, restringe diversos derechos fundamentales de los ciudadanos, como la inviolabilidad del domicilio, sin que esto haya revertido hasta ahora el incremento de asesinatos.
El endurecimiento de medidas para enfrentar a la criminalidad ha llevado a que varias medidas sean llevadas al Tribunal Constitucional, que este viernes anuló una norma promovida por el Congreso que hacía que los menores fuesen juzgados como adultos, e incluso llevados a prisiones comunes en lugar de centros de reclusión de menores. EFE
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