Francia lanza una investigación contra las 'big four' por posibles prácticas anticompetitivas

La Autorité de la Concurrence ha comunicado que el hecho de que se hayan realizado inspecciones sorpresa en las oficinas de empresas de auditoría no constituye por sí mismo una indicación de que estas compañías hayan cometido irregularidades, remarcando que únicamente una investigación exhaustiva podría determinar la existencia de posibles infracciones. La noticia sobre estos operativos se conoció luego de que el diario La Lettre informara que las instalaciones de algunas de las mayores firmas de servicios profesionales, entre ellas Deloitte, PwC, EY y KPMG, fueron objeto de registros por parte de las autoridades francesas.

Según detalló La Lettre, la acción se enmarca en una investigación sobre presuntas prácticas restrictivas de la competencia en el proceso de auditoría tanto de cuentas financieras como de informes no financieros. El regulador francés evitó precisar cuáles fueron las empresas inspeccionadas, aunque sí confirmó que dichas actuaciones se llevaron a cabo el martes, y que el objetivo es esclarecer si este sector ha incurrido en comportamientos que puedan suponer una violación de la normativa antimonopolio.

El medio La Lettre reportó que las indagaciones buscan dilucidar si los actores investigados han acordado condiciones, intercambiado información o intervenido de forma coordinada en el mercado de revisiones de cuentas, conductas que la legislación comunitaria y francesa consideran ilícitas en caso de limitar o distorsionar la libre competencia. Los registros constituyen una fase preliminar dentro del proceso sancionador y no trasladan una presunción ni evidencia de responsabilidad respecto a las compañías afectadas, subrayó la Autorité de la Concurrence.

En la industria de la auditoría, las conocidas como 'big four' —Deloitte, PwC, EY y KPMG— ocupan una posición dominante a nivel global. Su papel consiste en verificar la veracidad tanto de los estados financieros como de los datos no financieros de sociedades cotizadas y grandes empresas. Su cuota en el mercado francés y europeo es significativa, lo que ha generado reiteradas preocupaciones entre reguladores y observadores independientes sobre el impacto de posibles acuerdos o colaboraciones indebidas en la competencia y la transparencia en el sector.

Según puntualizó el regulador, el proceso abierto podría derivar en sanciones administrativas si se confirmaran conductas anticompetitivas, aunque ese escenario dependerá de los resultados que arroje la instrucción y la posible existencia de pruebas que respalden las sospechas iniciales. Hasta el momento, las entidades mencionadas no han emitido declaraciones públicas acerca de las investigaciones ni sobre eventuales colaboraciones o prácticas investigadas por la Autorité de la Concurrence.

El medio La Lettre recordó que iniciativas similares impulsadas por organismos reguladores de competencia en otros países de la Unión Europea también han puesto bajo la lupa el trabajo de auditoras de gran tamaño, ante la preocupación sobre la capacidad de detectar irregularidades financieras cuando existen estructuras de mercado altamente concentradas. En Francia, el debate sobre la independencia, integridad y pluralidad en la auditoría ha cobrado especial relevancia en los últimos años, tras varios episodios de escándalos empresariales en los que la supervisión de los estados financieros fue puesta en cuestión.

De acuerdo con información publicada por La Lettre, el procedimiento que está siguiendo la Autorité de la Concurrence contempla la recogida y el análisis de documentos, correos electrónicos y archivos electrónicos en busca de indicios de acuerdos colusorios. Esta fase puede durar varios meses y, una vez concluida, podría dar paso a acusaciones formales si se identifican elementos suficientes para sustentar las sospechas de infracciones.

Según ha recordado el regulador francés, la colaboración de las empresas inspeccionadas durante los registros es obligatoria conforme a la normativa vigente. Los incidentes relacionados con obstrucción o falta de cooperación pueden acarrear sanciones adicionales en el marco del procedimiento.

El sector de la auditoría en Francia enfrenta una vigilancia creciente, tanto por parte de las autoridades nacionales como europeas, debido a la relevancia de su función en la estabilidad y la confianza en los mercados financieros. La Autorité de la Concurrence enfatizó que las acciones emprendidas forman parte de su mandato de velar por el respeto a las reglas de mercado y favorecer la competencia, en especial entre quienes controlan una cuota significativa de actividades en sectores estratégicos. La investigación en curso sobre posibles prácticas concertadas en la revisión de cuentas supone uno de los operativos recientes de mayor alcance en territorio francés relacionados con el sector de auditoría, según subrayaron tanto el diario La Lettre como portavoces del regulador.

De acuerdo con los términos del procedimiento, las firmas bajo investigación pueden hacer valer su derecho de defensa en las distintas etapas del expediente y presentar pruebas o argumentos en su descargo ante la Autorité de la Concurrence. El regulador evaluará el conjunto de elementos recabados antes de tomar una decisión sobre una eventual apertura de un proceso sancionador, conforme a las garantías procesales establecidas.

El caso se suma a un contexto de presión de los reguladores hacia sectores clave de la economía francesa y europea donde la alta concentración y el peso de unos pocos actores han motivado cuestionamientos sobre los mecanismos de competencia, la transparencia y la calidad de los servicios brindados. Según insiste la Autorité de la Concurrence, el despliegue de inspecciones en las oficinas de las mayores firmas del sector no implica, en este momento, más que una fase inicial de averiguaciones. La determinación sobre la existencia de irregularidades solamente será posible al término de la investigación completa, conforme a los resultados que se obtengan a partir de la documentación y testimonios recogidos.

El diario La Lettre detalló que este tipo de actuaciones forman parte de las competencias atribuidas al regulador, que puede intervenir de oficio cuando percibe señales de posibles comportamientos ilícitos en detrimento de la competencia. El procedimiento iniciado respecto al mercado de la auditoría sigue los pasos habituales para causas de este tipo y contemplará, en caso necesario, medidas adicionales destinadas a asegurar la recopilación y preservación de pruebas.