Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical del Sindicato Labrego Galego (SLG), resaltó durante la movilización que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur “deja totalmente vendidas a las producciones gallegas por unas políticas que favorecen el beneficio de cuatro o cinco empresas”. Álvarez reclamó ante los asistentes la importancia de no ceder "nuestra soberanía alimentaria", señalando las posibles consecuencias de la aprobación de este tratado para la agricultura y ganadería local en Galicia.
Según informó Europa Press, decenas de agricultores y ganaderos gallegos se concentraron este lunes en A Coruña y Lugo para expresar su rechazo al tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur y reclamar condiciones de "comercio justo" para el sector. En la ciudad de A Coruña, la manifestación tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno en Galicia, convocada por el SLG, con la participación de más de cien personas que corearon consignas como “Vuestra firma, nuestra ruina” y “Mercosur hambre para el norte y hambre para el sur”. Los manifestantes llevaron productos del campo en cajas y utilizaron cencerros como forma de protesta, al tiempo que solicitaban respaldo tanto de la Xunta de Galicia como del Gobierno central.
En paralelo, en Lugo, las organizaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema convocaron una marcha que comenzó frente a la sede de la Xunta en la Ronda da Muralla y concluyó en la Subdelegación del Gobierno. Europa Press reportó que aproximadamente cien tractores participaron en el desplazamiento por el centro de Lugo, acompañados de varios cientos de personas. Esta protesta amplía la serie de movilizaciones de las últimas semanas en Galicia, sumándose así a las acciones registradas en Ourense, donde los productores también mostraron su descontento ante la situación.
Según detalló Europa Press, María Ferreiro, secretaria xeral del SLG, afirmó que el acuerdo negociado entre Bruselas y los bloques de países sudamericanos resultaría “muy negativo para el sector” al permitir la entrada de grandes volúmenes de productos agrícolas y ganaderos provenientes del exterior. Ferreiro subrayó que esta apertura propiciaría una bajada de los precios que perciben los productores gallegos, una situación que, en su opinión, complicaría gravemente la viabilidad económica de numerosas explotaciones rurales de Galicia.
Los organizadores de las protestas en Lugo manifestaron que la presencia de cientos de tractores refleja el nivel de preocupación existente entre quienes trabajan en el campo gallego. El medio Europa Press informó que las consignas de los manifestantes insistieron en la necesidad de que las administraciones públicas tomen medidas concretas para proteger el empleo y los ingresos en las áreas rurales de la región, al tiempo que destacaron el temor a que la entrada masiva de productos procedentes de los países integrantes de Mercosur incremente la competencia desleal.
Durante las concentraciones, los portavoces de los sindicatos y agrupaciones asistentes remarcaron que el sector pide condiciones de comercio que permitan la competencia equitativa y eviten la pérdida de empresas familiares y pequeñas explotaciones en favor de grandes empresas multinacionales. Europa Press reflejó que tanto en A Coruña como en Lugo, los manifestantes demandaron una política gubernamental activa que priorice la protección de los productores locales frente a acuerdos internacionales que, consideran, pueden comprometer el futuro de la producción alimentaria gallega.
En los comunicados difundidos y en las declaraciones recogidas por Europa Press, los representantes sindicales exigieron que la Xunta de Galicia y el Gobierno estatal se posicionen frontalmente contra la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y adopten medidas urgentes de apoyo, afirmando que las consecuencias económicas y sociales de su aprobación serían particularmente graves para el tejido rural gallego. Las protestas de este lunes se enmarcan en un contexto amplio de movilizaciones en defensa del sector agrario, motivadas por la inquietud ante las políticas de liberalización del mercado y la percepción de insuficiente protección por parte de las autoridades nacionales y europeas.
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