Montero dice que la nueva financiación respeta la ordinalidad para Cataluña, pero no lo garantiza en otras CCAA

“El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma”. Con estas palabras, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reiteró este viernes la garantía de que el nuevo esquema de financiación autonómica respetará ese principio para Cataluña, en línea con las declaraciones realizadas previamente por el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras. La funcionaria explicó que este principio garantiza que quienes más aportan sean los que más reciben, pero aclaró que el mismo patrón no se efectúa de igual manera en otras comunidades, como Madrid. Según consignó el medio, Montero aseguró que el diseño del modelo establece ordinalidad para el caso catalán pero no para el conjunto del Estado.

De acuerdo con la información dada por el medio, durante la rueda de prensa dedicada a la presentación del nuevo sistema, Montero subrayó que Cataluña ocupa el tercer puesto tanto en volumen de aportación como en recursos recibidos bajo el nuevo modelo. El líder de ERC, Oriol Junqueras, había anticipado esta situación tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, y cifró en 4.700 millones de euros el incremento adicional de fondos que Cataluña percibiría si se aprueba el modelo. Montero dio la razón a Junqueras, indicando que, para Cataluña, el respeto a la ordinalidad significa que la posición en la que aporta es la que ocupa en materia de recursos asignados.

La ministra detalló según recogió la misma fuente que el modelo global “tiende” a igualar el principio de ordinalidad entre regiones, aunque su efectiva aplicación depende de la decisión de cada autonomía. Mencionó que la introducción del mecanismo llamado ‘statu quo’ —diseñado para garantizar a ciertas comunidades que no pierdan recursos tras el rediseño del sistema— condiciona este equilibrio y puede romper la proporcionalidad. Al optar por mantener el statu quo, algunas comunidades conservan su volumen de financiación previo, lo que según Montero, genera disparidades en la aplicación real del principio.

El medio reportó además que territorios como Cantabria y la Comunidad de Madrid evidencian las distorsiones provocadas por el statu quo. Cantabria recibirá más recursos que Madrid a pesar de que esta última realiza mayores aportaciones, situación en la que el statu quo vuelve a alterar la correspondencia entre lo aportado y lo recibido que postula la ordinalidad. Esta circunstancia, subrayó Montero, ejemplifica las diferencias en el resultado de la financiación, ya que “no es homogéneo” para todas las comunidades.

Otro componente influyente, según expuso la ministra, es el fondo contra el cambio climático introducido en el nuevo esquema de financiación. El medio puntualizó que este fondo, que tiene incidencia particular en comunidades de menor tamaño, puede situarlas en posiciones que queden “ligeramente por encima o por debajo” en la escala de recursos, constituyéndose en otro factor que desplaza las posiciones relativas que asignaría la ordinalidad pura.

En cuanto a la reacción política, la vicepresidenta fue consultada sobre la postura de Junts per Catalunya. De acuerdo con lo informado, Junts critica el acuerdo porque fue negociado principalmente con ERC, y no se basa en un régimen de concierto y cupo similar al que ya aplican el País Vasco y Navarra. Montero defendió ante los medios que el nuevo modelo supone un avance en las aspiraciones de autogobierno de las comunidades, amplía los recursos disponibles y ofrece un mayor blindaje del Estado del Bienestar. Al respecto, la ministra reconoció no poder anticipar si Junts respaldará o no la proposición durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

El planteamiento del principio de ordinalidad dentro del nuevo sistema parte del reconocimiento de las diferencias interterritoriales tanto en capacidad fiscal como en política de gasto, según detalló María Jesús Montero. El medio señaló que la ministra vinculó la complejidad del reparto de fondos públicos a la coexistencia de distintos intereses autonómicos y a la necesidad de mantener un equilibrio entre los recursos que cada región aporta y los que percibe, cuestión que ha sido motivo tradicional de debate en el reparto de la financiación autonómica.

Los representantes de las comunidades autónomas han manifestado históricamente inquietudes sobre la ecuanimidad de la distribución presupuestaria, y el statu quo refuerza la tendencia a que algunas regiones mantengan ventajas relativas independientemente de sus resultados en aportación fiscal. Conforme a lo indicado por la ministra, este diseño general del sistema busca avanzar hacia fórmulas más alineadas con la contribución efectiva de cada comunidad, aunque siempre dentro del margen que permite el actual marco de discusión.

De acuerdo con el medio, la propuesta expuesta por Montero también incluye herramientas específicas para atender retos contemporáneos como el cambio climático, lo que amplía el alcance de la negociación más allá de los parámetros habituales de reparto y obliga a ajustar las fórmulas de asignación de los fondos para adaptarse a diferentes realidades territoriales. El nuevo fondo climático, según explicó la ministra, constituye un elemento adicional que puede modificar el orden en la tabla de percepción de recursos, principalmente en los casos de comunidades con menor población o territorio.

El sistema presentado por el Ministerio de Hacienda representa la intención del Gobierno central de responder a las demandas específicas de cada región, reflejando tanto la presión política de las comunidades con mayor peso fiscal como las exigencias de un trato igualitario entre los territorios en el acceso a recursos estatales. El medio enfatizó que, hasta ahora, sólo está acordado el esquema que atañe a Cataluña, mientras que el modelo deja sin asegurar el principio de ordinalidad para otros territorios.

Según lo manifestado por responsables autonómicos y recogido por la prensa, la negociación sobre la financiación autonómica se mantiene abierta y se prevé que los distintos partidos y gobiernos regionales continúen señalando matices y objeciones sobre la equidad del mecanismo en los próximos debates parlamentarios y encuentros bilaterales, a la espera de una aprobación definitiva.