El Gobierno de EEUU anuncia medidas para combatir el fraude fiscal ante los casos en Minnesota

El Tesoro incrementa controles sobre transferencias, exige informes adicionales a bancos y entrena a fuerzas federales tras detectar una red de corrupción vinculada a fondos sociales, cuya investigación involucra a la diáspora somalí y suscita tensiones políticas en Minnesota

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La investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye actualmente el análisis de posibles desvíos de fondos públicos hacia el grupo Al Shabaab, en el contexto de una amplia operación que ha examinado flujos de dinero procedentes de programas federales en Minnesota. Según reportó el medio, las pesquisas involucran a la diáspora somalí y han generado un intenso debate político y social en el estado. Esta situación ha provocado una oleada de críticas cruzadas, en las que destacan denuncias de discriminación contra la comunidad somalí y fricciones partidistas sobre el manejo institucional de los recursos públicos. En este contexto, se presentan también manifestaciones ciudadanas tras el fallecimiento de una mujer a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

De acuerdo con la información divulgada por el medio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un conjunto de acciones para atacar el fraude fiscal tras descubrir un entramado de corrupción relacionado con subsidios sociales en Minnesota. Estas medidas incluyen la exigencia de reportes adicionales por parte de bancos y empresas de transferencia de dinero en los condados de Hennepin y Ramsey, con especial atención a aquellas transferencias que salen de Estados Unidos. Bessent señaló durante una conferencia de prensa que no se permitirán obstáculos institucionales o políticos para que los responsables de los actos ilícitos enfrenten las consecuencias legales.

El Departamento del Tesoro estadounidense, de acuerdo con el mismo medio, notificó a varias instituciones la apertura de indagaciones sobre el uso indebido de fondos federales destinados a distintos programas sociales. Entre las iniciativas se destaca la activación de una alerta para entidades financieras, advirtiendo sobre indicadores de fraude, especialmente en relación al programa federal de nutrición infantil. Esta alerta busca facilitar la detección de actividades irregulares y fortalecer los controles internos implementados por bancos y compañías de envío de dinero.

Tal como publicó la fuente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió directrices específicas para identificar operaciones sospechosas. Bajo estas nuevas reglas, entidades financieras deben recopilar y remitir a las autoridades una mayor cantidad de información cuando identifiquen transferencias de fondos con destino fuera de fronteras estadounidenses, sobre todo cuando se trata de dinero proveniente de programas federales de asistencia.

El paquete de medidas detallado por el Departamento del Tesoro contempla, según consignó el mismo medio, la capacitación de fuerzas de seguridad a nivel federal, estatal y local. Estos entrenamientos buscan dotar a los agentes de herramientas adecuadas para desarticular esquemas de fraude de mayor complejidad y reducir la incidencia de operaciones ilícitas en el ámbito social. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) también tendrá participación directa en las investigaciones a través de la conformación de un grupo de trabajo focalizado en los casos de fraude en Minnesota. De manera simultánea, se implementan auditorías en aquellas instituciones financieras que pudieran haber facilitado el movimiento irregular de fondos.

En cuanto a los detalles de la red investigada, el medio informó que se sospecha que cientos de personas obtuvieron beneficios mediante la creación de empresas fantasma. Estas compañías habrían reclamado millones de dólares a dependencias federales por servicios sociales que, según las investigaciones en curso, nunca fueron realmente prestados. Los fondos públicos desviados formaban parte de programas de ayuda orientados a sectores vulnerables, como los destinados a nutrición infantil, y su malversación implica la comisión de delitos de fraude fiscal y corrupción.

En respuesta a la magnitud del escándalo, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha sido objeto de críticas sobre su gestión en la administración y supervisión de estos fondos. Tal como detalló la publicación, Walz anunció recientemente que abandona la carrera para lograr la reelección, en medio de crecientes presiones tanto políticas como sociales.

El escándalo ha tenido repercusiones a nivel nacional, según reportó la fuente, provocando reacciones en la esfera política. El presidente Donald Trump utilizó los casos de malversación asociados a la comunidad somalí en Minnesota para reforzar su argumentario sobre inmigración. Paralelamente, grupos demócratas han manifestado inquietud ante lo que interpretan como un aumento de la retórica hostil hacia minorías migrantes, subrayando la necesidad de separar la investigación de actos delictivos de las generalizaciones y discursos de odio.

Además, según detalló el medio, las movilizaciones sociales se intensificaron tras la muerte de una mujer durante un operativo de ICE. El fallecimiento motivó protestas tanto en Minnesota como en otras regiones del país, sumando este hecho a las tensiones existentes sobre la gestión migratoria y la protección de los derechos civiles de las comunidades afectadas por la investigación y las políticas públicas.