El ataque a una embarcación en el Caribe, ordenado en septiembre para eliminar a dos sobrevivientes a bordo, revelado por el Washington Post, se suma a una serie de operaciones bajo escrutinio que han aumentado la preocupación en el Senado estadounidense sobre la legalidad de las acciones militares dirigidas contra presuntos traficantes. Según informó EFE, una nueva ofensiva militar se ejecutó el 4 de diciembre en el Pacífico Oriental, donde fuerzas armadas estadounidenses atacaron una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico, resultando en la muerte de cuatro tripulantes. El Comando Sur de Estados Unidos difundió el video de esta operación a través de su perfil oficial en la red X, dentro de la ofensiva denominada "lanza del Sur", mientras persistían debates legislativos y judiciales sobre la legitimidad y el alcance de esos operativos.
De acuerdo con EFE, la orden para el ataque en el Pacífico Oriental provino del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se enfrenta a un intenso escrutinio mediático y político. Las fuerzas armadas no han precisado detalles sobre a qué organización criminal pertenecía la embarcación atacada, tampoco se ha divulgado información sobre la identidad de las víctimas. La falta de transparencia ha estimulado nuevas críticas entre legisladores y organismos internacionales de derechos humanos, quienes exigen información clara sobre los criterios empleados para autorizar acciones letales fuera de aguas territoriales estadounidenses.
El mismo día del anuncio de la ofensiva, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión reservada ante el comité de fuerzas armadas del Senado, órgano encargado de analizar la legalidad de la campaña antinarcóticos impulsada por el expresidente Donald Trump. Según consignó EFE, los senadores buscan esclarecer si las operaciones de interdicción contra embarcaciones sospechosas de tráfico cumplen con la legislación nacional e internacional vigente, en especial en lo que refiere a la protección de los derechos humanos de los tripulantes y la justificación para el uso de la fuerza letal en aguas internacionales.
En cuanto al contexto de la campaña militar, EFE detalló que Donald Trump confirmó esta semana que existen preparativos para comenzar nuevas intervenciones militares en territorio venezolano. El objetivo declarado es neutralizar blancos asociados al narcotráfico ya identificados por agencias de inteligencia estadounidenses. Estas maniobras han incrementado la tensión diplomática en la región y suscitado preocupaciones entre grupos defensores de derechos humanos respecto a posibles consecuencias para la población civil y eventuales escaladas de violencia.
El balance de las operaciones encabezadas durante la administración de Trump cerca de Venezuela y Colombia, según reportó EFE, arroja al menos 80 muertes. Esta cifra ha desencadenado la presentación de acciones legales contra funcionarios y militares estadounidenses, en particular por posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de los operativos. Entre ellas, destaca la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el abogado del presidente colombiano Gustavo Petro, quien denunció la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico en el transcurso de una de estas acciones militares.
Las recientes publicaciones del Comando Sur, la cobertura del Washington Post y el seguimiento legislativo reflejan el incremento en la vigilancia sobre las directrices que regulan el uso de la fuerza en intervenciones navales estadounidenses, y la presión sobre el Departamento de Defensa para detallar los mecanismos de control, verificación y rendición de cuentas en futuras operaciones.
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