Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

El Gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha intensificado sus esfuerzos legales y diplomáticos para intentar revertir el traspaso de la matriz de Citgo, filial petrolera estatal en Estados Unidos, al fondo estadounidense Amber Energy, vinculado con Elliott Investment Management. Según consignó Europa Press, las autoridades venezolanas han identificado esta transferencia como una amenaza directa a la integridad de los activos estatales en el extranjero y han iniciado recursos ante organismos multilaterales, así como el diseño de nuevos instrumentos legales, con el objetivo de proteger el resto de los bienes venezolanos fuera del país.

De acuerdo con Europa Press, la administración oficial argumenta que el traspaso de Citgo supone una grave pérdida para el Estado, ya que los ingresos anuales estimados en 1.200 millones de dólares provenientes de esta filial se destinaban a áreas como la salud, la educación y proyectos de desarrollo urbano. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros funcionarios de alto rango han enfatizado que los recursos generados por Citgo eran considerados una pieza fundamental para sostener programas sociales e inversiones públicas esenciales. El medio europeo detalló que el Gobierno venezolano responsabiliza al fondo Amber Energy y a decisiones de tribunales estadounidenses, a quienes acusa de ejecutar una operación que, según sus palabras, perjudica de manera inmediata la continuidad de políticas públicas claves.

Según publicó Europa Press, la transferencia se concretó tras un prolongado litigio judicial de ocho años originado por reclamaciones relacionadas con expropiaciones y disputas contractuales. Las demandas, interpuestas por empresas y acreedores internacionales, superan los 19.000 millones de dólares. La cobertura indica que un tribunal en Estados Unidos autorizó la subasta de acciones de la matriz de Citgo como garantía a favor de Amber Energy, culminando un proceso judicial en el que, de acuerdo al Ejecutivo venezolano, tanto el Estado como Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) fueron excluidos de etapas trascendentales del juicio.

Funcionarios de la administración de Maduro consideran que su exclusión en etapas importantes del proceso judicial representa una vulneración de principios legales internacionales y una reducción de la soberanía nacional sobre el principal activo energético externo bajo control estatal. Europa Press reseñó que la administración oficial ha manifestado públicamente su rechazo a la venta y califica la operación como un golpe a la soberanía financiera venezolana.

Entre las principales repercusiones detalladas por Europa Press, se encuentra el aumento de la crisis fiscal del país, que limita aún más el acceso de Venezuela al crédito internacional y complica la financiación estatal bajo las actuales sanciones económicas. Desde el Ejecutivo se insiste en que la pérdida de Citgo agrava las restricciones que ya enfrenta Venezuela en el marco internacional y que el control de los fondos relacionados es estratégico para mantener el funcionamiento de sectores públicos considerados indispensables.

El medio europeo hizo hincapié en que la prioridad de la administración Maduro consiste en recuperar los fondos e ingresos de Citgo y restituirlos al Tesoro nacional como paso inicial para reactivar la capacidad de financiamiento de programas sociales y económicos. Para lograr este objetivo, el Gobierno ha incrementado la vigilancia sobre otros activos venezolanos en el extranjero y ha fortalecido la estrategia jurídica y diplomática para evitar que nuevos litigios conduzcan a situaciones similares de pérdida de control sobre bienes estatales.

Europa Press subrayó que las acciones legales y diplomáticas elevadas ante instancias internacionales se fundamentan en el argumento de que el traspaso de Citgo infringe normas que protegen los bienes estatales y compromete acuerdos internacionales previamente establecidos. En este escenario, la defensa de la integridad de los activos de PDVSA se configura como una prioridad absoluta para el Ejecutivo venezolano.

Según el reporte de Europa Press, las autoridades venezolanas responsabilizan tanto a actores externos como a sectores opositores internos por facilitar el traspaso a intereses diferentes a los de PDVSA, mediante procedimientos legales y financieros en tribunales estadounidenses. En respuesta, el Gobierno ha desarrollado una estrategia integral que abarca la litigación fuera del país, la presión diplomática en foros multilaterales y la preparación de salvaguardias preventivas para evitar que nuevas decisiones judiciales extranjeras afecten el patrimonio estatal.

El caso Citgo, conforme describió Europa Press, se integra a un entorno legal internacional donde se acumulan demandas relacionadas con expropiaciones y compromisos financieros previos de Venezuela. El Ejecutivo sostiene que revertir la pérdida de Citgo y reforzar los mecanismos de protección de los activos en el extranjero constituyen dos ejes definidos de su política en defensa de los intereses nacionales. Mientras se desarrollan estos procedimientos, las autoridades venezolanas mantienen el rechazo firme a la transferencia y ratifican esfuerzos para impedir futuras medidas similares por parte de tribunales foráneos.