Las pesquisas detectaron transferencias financieras que superan los 1.000 millones de pesos —alrededor de 54 millones de dólares— a través de operaciones complejas entre países como México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Estas evidencias llevaron a que las autoridades mexicanas bloquearan las operaciones de empresas identificadas dentro de una presunta red criminal internacional vinculada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según detalló la agencia EFE, el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó este jueves que otras cinco entidades fueron incorporadas a la lista negra elaborada en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de las acciones coordinadas contra el blanqueo de capitales del Cartel de Sinaloa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó, a través de un comunicado divulgado por EFE, que los análisis financieros y fiscales detectaron esquemas de triangulación internacional de recursos, lo que motivó la ampliación de sanciones. El número total de personas y empresas bloqueadas alcanza ahora 31, según consignó la agencia. Entre las estrategias identificadas se observaron el uso de empresas pantalla y estructuras corporativas diseñadas para diseminar fondos ilícitos hacia compañías extranjeras, dentro de lo que las autoridades consideran una red transnacional de lavado de activos.
De acuerdo con EFE, este operativo mexicano viene acompañado por medidas similares adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el mismo jueves sancionó a más de veinte personas y entidades presuntamente conectadas al Grupo de Crimen Organizado Hysa, una estructura originaria de Albania señalada por Washington por su colaboración con el Cartel de Sinaloa. Según apunta EFE, Estados Unidos sostiene que esta red criminal canalizaba dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento que operan tanto en México como en territorios europeos.
Hacienda resaltó que el trabajo conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense permitió bloquear directamente operaciones financieras y detener las actividades de empresas consideradas parte de la trama criminal ligada al denominado Cártel del Pacífico. El informe señala que, entre las empresas y personas sancionadas por parte de Estados Unidos, destacan Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., además de aproximadamente una decena de casinos que funcionaban en entidades federativas como Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
EFE reportó que estos establecimientos eran empleados para lavar fondos provenientes del tráfico de drogas, de acuerdo con información proporcionada por el Tesoro estadounidense. Además de la ampliación de sanciones y bloqueos, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. También notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación tras identificar posibles delitos fiscales y maniobras simuladas de ingresos mediante compañías fantasma.
El anuncio de estas nuevas acciones, consignado por EFE, se basa en los compromisos internacionales asumidos por México para fortificar los controles destinados a evitar el uso del sistema financiero para fines ilícitos. Estas medidas buscan cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y fortalecer los estándares de prevención y persecución del lavado de dinero, conforme a las obligaciones globales de vigilancia y cooperación.
La agencia EFE recuerda que, durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos, la estrategia antidrogas se intensificó con la clasificación de organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación como grupos terroristas extranjeros. Esta política se acompañó de intervenciones militares directas contra embarcaciones atribuidas al narcotráfico en regiones como el Caribe y el Pacífico. Las acciones recientes de México y Estados Unidos expresan una continuidad en la cooperación bilateral enfocada a desmantelar redes financieras criminales que operan tanto a nivel continental como intercontinental.
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