La opositora venezolana Dinorah Figuera dijo que quiere elecciones presidenciales para finales de 2027

La jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, aspira a que las presidenciales de Venezuela se celebren a finales de 2027, aunque otra posibilidad es que se realicen a principios de 2028, después de cambios en el sistema electoral y de la restitución de garantías para partidos y ciudadanos.

Figuera planteó que la ruta hacia los comicios pasa por la renovación de instituciones, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). La dirigente indicó que el grupo negociador recibió asesoría técnica sobre la estructura del CNE y el padrón de votantes, donde detectó irregularidades que deberán revisarse antes de una elección presidencial.

“Lo primero que debemos hacer es una depuración del Registro Electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas”, señaló. La parlamentaria precisó que la delegación previó entregar en diciembre un informe sobre el sistema electoral, aunque aclaró que ese documento no implicará que la renovación del CNE quede resuelta para entonces.

La oposición también busca que las organizaciones políticas recuperen sus tarjetas electorales y puedan postular candidatos con garantías. Varias fuerzas opositoras permanecieron impedidas de participar en anteriores procesos electorales por inhabilitaciones, intervenciones judiciales o restricciones sobre sus símbolos partidistas.

Figuera sostuvo que las condiciones políticas y civiles deberán estar definidas antes de establecer una fecha definitiva para las presidenciales. “Tenemos que brindar al pueblo unas elecciones justas, garantizadas y con credibilidad”, expresó. Añadió que su prioridad será asegurar un proceso sin fraude y con resultados verificables.

La reforma del TSJ figura entre los primeros asuntos acordados en las conversaciones. Figuera anticipó que los nuevos magistrados podrían quedar designados antes de terminar el año. “En noviembre. Como máximo, en diciembre tendremos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia”, dijo.

El proceso contempla la selección de 32 magistrados principales y 32 suplentes. Según explicó, el Comité de Postulaciones Judiciales recibió candidaturas hasta el 9 de octubre y trabajó con universidades, decanatos, representantes parlamentarios y miembros de la sociedad civil para evaluar a los aspirantes.

La opositora afirmó que la renovación no se limitará a la Sala Electoral, sino que incluirá todo el máximo tribunal. La mesa de diálogo discutió mecanismos para que los integrantes del comité y del Consejo de Verificación de Credenciales cuenten con reconocimiento público y condiciones que generen confianza en la designación.

Figuera también mencionó una eventual revisión de otras instituciones estatales. “Creo que el camino pasa también por abordar la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ámbito militar. Sin embargo, considero que estas cuestiones se tratarán el próximo año”, sostuvo.

La negociación sobre garantías políticas concentró parte de las diferencias entre las delegaciones. La representante opositora indicó que ese espacio abordó las inhabilitaciones, la situación de los partidos, la legislación restrictiva y las facultades de autoridades y jueces para aplicar medidas punitivas.

“Ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones”, afirmó Figuera, en alusión a las demandas del Gobierno venezolano sobre las medidas impuestas desde el exterior. La dirigente describió esa mesa como la más difícil de las conversaciones por la resistencia a modificar disposiciones que afectan la participación política.

(Con información de EFE)