La misión de la ONU pidió a Venezuela que reconsidere su retirada de la Corte Penal Internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela manifestó este lunes su preocupación ante el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitó a las autoridades que reconsideren esta decisión.

En un comunicado, la misión afirmó que esta medida “sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos” y remarcó que la decisión ocurre en un momento clave para el país, en el que existe una necesidad urgente de garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad.

Según la misión, con esta determinación el Gobierno venezolano —que no ha implementado acciones significativas para avanzar en las investigaciones sobre graves violaciones cometidas en la última década— “busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional”.

El viernes, el Gobierno de Venezuela comunicó su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma y comenzar su retirada definitiva de la CPI, argumentando que el organismo mantiene un “sesgo” y ha enfocado sus acciones de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos.

El chavismo ya había amenazado con dar este paso como una forma de expresar su rechazo ante la investigación que impulsa la CPI sobre la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de autoridades venezolanas. Una averiguación que originalmente fue promovida por los estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

¿La medida adoptada por Caracas desactivará los esfuerzos que desarrolla la CPI para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país?

“Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”, respondió el abogado Alí Daniels, vocero de la ONG Acceso a la Justicia, en diálogo con Infobae.

El experto legal puso como ejemplo el caso del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula y hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.

Daniels explicó que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto. Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.

Por su parte, Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincidió al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela, y apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.

Tineo recordó que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.