Los sismos del 24 de junio en Venezuela dejaron un saldo parcial de más de 2.000 muertos y abrieron un nuevo foco de presión sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela, después de que distintos sectores pidieron auditar de forma técnica e independiente varias de las estructuras dañadas en La Guaira.
La exigencia apuntó a determinar si los daños fueron producto exclusivo de los terremotos o si también hubo fallas en el diseño, la construcción, los materiales o la supervisión de las obras. El programa fue creado en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez como respuesta a la emergencia habitacional causada por las lluvias de finales de 2010.
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La iniciativa ganó peso político en la antesala de las presidenciales de 2012, cuando Chávez prometió construir millones de viviendas para sectores de bajos recursos. Tras su muerte en 2013, su sucesor Nicolás Maduro estableció esa meta en 5 millones de casas para 2025.
El pedido de auditoría apuntó a fallas estructurales
El cuestionamiento se concentró en varias edificaciones de la misión afectadas por el doble terremoto, entre ellas complejos levantados en La Guaira. Según el texto fuente, los sectores que respaldaron la petición consideraron que solo una evaluación especializada podrá establecer si esas construcciones cumplían con las normas de edificación y de resistencia sísmica.
El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Richard Casanova, dijo a France 24 que las viviendas públicas de Chávez fueron “una historia de corrupción y construcciones de mala calidad”, levantadas “sin supervisión, inspección y cumplimiento de códigos específicos”, en muchos casos.
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Los especialistas en ingeniería y urbanismo sostuvieron que todavía era prematuro atribuir las fallas únicamente al impacto de los sismos sin estudios técnicos detallados. Aun así, señalaron la posible incidencia del terreno y de fenómenos como la resonancia o el llamado efecto de sitio, que intensifica la propagación de la onda sísmica en suelos más blandos.
Los expertos vincularon daños con suelo y materiales
El presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes, dijo al medio que algunas estructuras pequeñas sufrieron daños más severos que edificios más altos que permanecieron en pie. Explicó que esa diferencia pudo estar vinculada con el período estructural de cada edificio y su coincidencia con el período del movimiento sísmico.
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Fuentes agregó que ese comportamiento también pudo estar influido por el tipo y la calidad de la construcción, además de los sistemas estructurales utilizados. La consecuencia inmediata del debate fue concreta: el foco pasó de la emergencia por el terremoto a la revisión de la seguridad de un programa de vivienda emblemático del chavismo.
Los sectores que cuestionaron las obras pidieron al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez auditorías técnicas independientes, la publicación de estudios e informes de evaluación y la participación de expertos y colegios profesionales en las inspecciones y en la eventual determinación de responsabilidades.
Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión presidencial para evaluar la habitabilidad de esas viviendas y revisar también infraestructura vinculada con vialidad, puentes y elevados.
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Las dudas sobre la calidad de esas construcciones no surgieron con el terremoto de este año. El texto señaló que desde 2014, con un informe de Misiones Transparentes titulado “El mapa institucional de la Gran Misión Vivienda Venezuela o de la falta de transparencia y sus consecuencias”, ya se habían expuesto presuntas irregularidades, retrasos en obras y falencias en las inspecciones técnicas.
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