El cartel del arroz: así funciona la trama de importaciones y privilegios que asfixia al agro venezolano

Mientras productores venezolanos intentaban sacar la cosecha antes de las lluvias en los estados Portuguesa y Guárico, dos buques graneleros descargaban en Puerto Cabello 25.000 toneladas de arroz importado con exoneración total de impuestos.

Documentos aduaneros, registros corporativos, sistemas de rastreo marítimo y testimonios obtenidos por Infobae permiten reconstruir un esquema que productores y empresarios agrícolas describen como el “cartel del arroz”: una estructura que, según denuncian, utiliza privilegios políticos y militares para inundar el mercado venezolano con arroz importado más barato justo en plena cosecha nacional.

El mecanismo opera en cuatro fases. La primera comenzó en marzo de 2026, cuando el entonces ministro de Agricultura, Julio León Heredia, fijó en 480 dólares por tonelada el precio de compra del arroz húmedo nacional. La medida obligó a la industria formal a llenar inventarios con materia prima más costosa.

En paralelo, un grupo reducido de empresas obtuvo licencias preferenciales para importar arroz extranjero a valores cercanos a 380 dólares por tonelada y con exoneración total de IVA y aranceles. La diferencia generó una ventaja absoluta de 100 dólares por tonelada frente a los productores nacionales.

“El que logra comprar ese arroz importado tiene una ventaja imposible de competir”, explicó una fuente del sector agrícola.

Uno de los cargamentos quedó registrado oficialmente entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 2026 bajo el Manifiesto C-14651 de la Aduana Principal de Puerto Cabello. La documentación muestra el ingreso de 10.000 toneladas métricas de arroz paddy transportadas por el buque MV Agios Porfyrios, de bandera liberiana. El exportador registrado fue SRMZ Food Trading Limited, una empresa offshore domiciliada en Isla de Man. El consignatario local aparecía inicialmente como Xie Yen Alimentos Agroindustriales C.A.

Según productores y empresarios agrícolas consultados, esta firma era operada por un familiar directo del entorno del ex ministro de Defensa y actual ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López. Las fuentes sostienen que el vínculo comenzó a generar “ruido” entre gremios agrícolas y sectores de la industria, lo que desencadenó una segunda maniobra dentro del esquema, la modificación de los registros aduaneros. El caso más delicado involucra al buque Cleante, que arribó a Puerto Cabello el 23 de mayo con otras 15.000 toneladas de arroz.

De acuerdo con documentos y testimonios revisados por este medio, el cargamento originalmente figuraba a nombre de Xie Yen Alimentos y declaraba Guyana como país de origen. Sin embargo, mientras el barco navegaba hacia Venezuela, los registros del sistema aduanero SIDUNEAWORLD habrían sido modificados para sustituir al consignatario por Alimentos Agrícola Santa Fe C.A. y cambiar el origen declarado a Brasil.

Las fuentes sostienen que el cambio buscaba separar formalmente la operación del entorno político-militar que inicialmente aparecía vinculado al negocio. El operador financiero de la nueva estructura, según las fuentes consultadas, sería un empresario conocido como “Mohamed Bolsero”, señalado además como pieza clave dentro del sistema de suministro de alimentos CLAP.

Los registros satelitales revisados por Infobae muestran además que el Cleante no registraba recaladas recientes en puertos brasileños antes de arribar a Venezuela. Productores y empresarios agrícolas sostienen que el cambio de origen permitía mantener beneficios fiscales de importación y sostener la exoneración de IVA y aranceles.

La carga terminó concentrada en dos grandes complejos agroindustriales ubicados en Portuguesa. Uno de ellos es MICEVEN C.A., ubicada en la Zona Industrial de Araure y propietaria de las marcas Arroz Kaly y Harina Kaly, controlada por Fei Luo.

El segundo es Procesos Agroindustriales El Gustazo C.A., ubicada en Turén y propietaria de las marcas MIMASA, representada por Víctor Chen y otros socios de origen asiático. Fuentes del sector sostienen que ambos grupos concentran actualmente buena parte del arroz importado que entra al país.

Durante reuniones con representantes de la industria, agregan las fuentes, algunos de estos empresarios alegan “no hablar español” para evitar discusiones regulatorias y laborales, mientras mantienen protección política y militar para sus operaciones. La investigación también apunta hacia mecanismos de blindaje institucional alrededor de estas compañías.

Procesos Agroindustriales El Gustazo ha participado en operativos públicos de donación de alimentos coordinados junto a la ZODI 33 Portuguesa, bajo el mando del general de división José Gregorio Escalona Briceño. Fuentes del sector consideran que esas actividades funcionan además como mecanismos de legitimación pública para el consorcio.

Pero el circuito no termina con la descarga del arroz. Según testimonios obtenidos por este medio, el buque Cleante abandonó Venezuela cargado con chatarra ferrosa, tuberías y materiales industriales considerados estratégicos, custodiados por sectores militares dentro de las áreas portuarias.

Las fuentes sostienen que el embarque funciona como mecanismo de compensación para evitar restricciones financieras internacionales y esquivar operaciones bancarias tradicionales. “Vienen con arroz y se van con chatarra”, resumió una de las fuentes consultadas.

Mientras tanto, el impacto ya comenzó a sentirse en las zonas productoras. Dirigentes agrícolas denuncian que numerosos molinos dejaron de recibir arroz nacional porque sus silos están ocupados con mercancía importada adquirida bajo ventajas fiscales imposibles de igualar por la industria tradicional.

El problema ocurre además en medio de falta de financiamiento, escasez de combustible y ausencia de crédito agrícola. “El productor llega y no tiene a quién venderle”, explicó un dirigente gremial. El temor ahora se concentra en la próxima temporada de siembra.

Dos décadas después de las promesas de soberanía alimentaria impulsadas por el chavismo, el agro venezolano vuelve a enfrentar el mismo dilema que marcó los años del control cambiario: competir no contra el mercado internacional, sino contra un sistema donde importar sigue siendo más rentable que producir.